La legislación vigente establece el régimen de cooficialidad que en nuestro caso se expresa con el uso indistinto de la lengua gallega -propia de Galicia- y el castellano. No es discutible si tal modelo estuvo justificado en su momento, pero sí que todos los que apoyamos este marco jurídico lo hiciéramos conscientes de que existían motivos para una apuesta en favor del gallego cuando salía maltratado tras un largo período de discriminación por el franquismo. Sin embargo, parece evidente que tres décadas de impulso y fomento del gallego nos han situado a todas ante otra evidencia puesta ahora de manifiesto con hechos como es el cierre de Galicia Hoxe, es decir, de la única cabecera de periódico en lengua gallega.
Y es que si bien es cierto que no solo se trata de lo que establecen la Constitución y el Estatuto -que el castellano y el gallego son las dos lenguas oficiales de Galicia-, sino también lo que impone la realidad sociolingüística de un territorio: que en Galicia se hablan dos lenguas y que muchos de los hablantes preferentes de una y otra utilizan las dos de forma ocasional sin que ello les suponga ningún tipo de problema.
Pero, no cabe duda de que los poderes públicos de Galicia tienen la obligación de promocionar, difundir e impulsar la lengua gallega. Aunque de esta misión no se deduce jurídicamente ningún tipo de monolingüismo, si que corresponde principalmente a la Xunta atender positivamente a la lengua propia de Galicia. La lengua que no es fruto de ninguna imposición sino del ejercicio de la autonomía individual en una sociedad libre, también exige estímulos materiales y no unas políticas erráticas incapaces de evitar que el número de hablantes y lectores de gallego disminuya de manera constante. Para eso necesitamos a Galicia Hoxe, para hacer realidad el sueño que subrayaba ayer nuestro director y, sobre todo, para evitar un fracaso colectivo.
