El racismo implícito conlleva mayor dificultad a la hora de ser probado. Por otra parte, la organización considera al pueblo gitano como la minoría étnica más discriminada a nivel estatal y europeo.
La Federación estatal de asociaciones de SOS Racismo presentó este jueves su Informe Anual sobre la situación de la discriminación racista en el Estado 2012. El escrito destaca el aumento del denominado racismo de «baja intensidad». Se trata de un «racismo implícito y disimulado» que «preocupa de manera especial» debido a la dificultad que tiene «para ser probado» y a la «normalidad con la que se aceptan» este tipo de conductas, «incluso por los propios perjudicados». El Informe alerta de que el 40% de los casos recogidos en las oficinas de SOS Racismo tiene que ver con este racismo de «baja intensidad». Si bien este tipo de discriminación se suele dar en diversos ámbitos como en el acceso a la sanidad, a la educación o a los servicios públicos en general, es en el acceso a los locales públicos y en el trabajo donde se dan la mayoría de los sucesos de este racismo implícito.
A la dificultad probatoria de este tipo de racismo en aumento, SOS Racismo recuerda que hay que añadir la «desinformación e indefensión» de quienes pretenden denunciar estos casos. Carecen de conocimientos jurídicos y las instituciones disponen los medios adecuados para subsanar esta problemática, labor que, según la organización, debería ser «prioritaria» para las mismas. Con motivo de este racismo de dificultad probatoria y de la desinformación e indefensión de quienes podrían denunciarlo, SOS Racismo propone la «urgente creación de una Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación» y la puesta en marcha de «Protocolos de Actuación» para evitar la «desinformación de los denunciantes» y hacer que sus «denuncias puedan ser efectivas», así como evitar los posibles «abusos policiales que son una realidad en aumento» (30% de las denuncias por racismo presentadas) que no puede permanecer oculta por más tiempo.
Suspenso en políticas de integración
SOS Racismo llama la atención en su Informe de la falta de desarrollo e implementación de «importantes instrumentos» como el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI2), 2011-2014 o la Estrategia Integral contra el racismo y la discriminación racial. Ante el presente estancamiento de estos planes, el Informe pide a la Administración la aprobación «cuanto antes» de una «ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación» así como el establecimiento de «medidas para combatir el racismo en el ámbito institucional».
Vulneración de derechos fundamentales en los Centros de Internamiento de Extranjeros
De igual forma que recientemente ha publicado el Defensor del Pueblo, SOS Racismo denuncia que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) funcionan como verdaderos centros penitenciarios. Además, alerta la organización de la reiterada «restricción de derechos fundamentales» en los CIE cuando «el único derecho que se puede limitar de acuerdo con la Ley de Extranjería es el derecho de deambulación» del internado. Asimismo, SOS Racismo ha querido recordar la muerte de Samba Martine en un CIE el pasado 19 de diciembre por «falta de asistencia médica». Con motivo de este Informe Anual de SOS Racismo y con el propio del Defensor del Pueblo en materia de malos tratos y tortura, se abre de nuevo el debate social acerca de los CIE, su funcionamiento contrario a la legalidad (limitaciones contrarias a lo dispuesto por la Ley de Extranjería, entre otras) y la falta de cobertura legal (por falta de norma aprobada) del internamiento de extranjeros en el Estado.
El caso del pueblo gitano
El escrito presentado el jueves pone de manifiesto que el pueblo gitano sigue siendo la «minoría étnica más discriminada» a nivel estatal y europeo. Y los datos de cara al futuro son alarmantes teniendo en cuenta los precedentes cercanos en el continente europeo. Al violento desalojo del asentamiento Dale Farm en Londres, lugar constituido como tal desde los años 60, hay que sumar la escalada de tensión en países como Bulgaria y República Checa en relación al pueblo gitano.
Racismo en el discurso político y social
El Informe resalta en primer lugar un aspecto positivo. Se trata de que la reacción general de la sociedad española ante el fenómeno migratorio ha sido «buena». Asimismo, la «conflictividad no es reseñable en comparación con otros países europeos». No obstante, para la organización, hay que ser cautelosos ya que «en cualquier momento puede surgir un conflicto» como se está demostrando en la «especialmente preocupante» conflictividad en las «actitudes de rechazo a la comunidad musulmana y a la instalación de mezquitas».
Lo que sí resulta alarmante, relata el Informe, es el «endurecimiento del discurso social sobre la inmigración». La organización propone abrir un «debate social e institucional» sobre los límites de la libertad de expresión e intentar acabar con el «todo vale contra la inmigración». Este tipo de discurso xenófobo va de la mano de los «recortes sociales que aumentan la exclusión», ya que ésta aumenta las «posibilidades de conflictividad». Según la organización, «en un contexto de crisis económica el sentimiento de competencia en el acceso a los recursos se acentúa». El «discurso de la invasión» que dominaba en los años 2006 y 2007 se ve sustituido desde 2011 por el «discurso de la competencia», implantado tanto en las personas de bajos recursos como en aquellas cuya «posición social no se ve afectada por esa supuesta competencia». Lo que sí se aprecia, informa SOS Racismo es una mayor diferencia de actitudes de rechazo «en función de la nacionalidad del inmigrante» siendo los más perjudicados por ese juicio social los colectivos magrebíes y africanos.
