Inmigración y educación. La intervención de la comunidad educativa

XIV Encuentros de Consejos Escolares del Estado y de las Comunidades Autónomas

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, a nivel mundial, los movimientos migratorios han abarcado cada vez a un número mayor de personas y afectan a un gran número de países, disminuyendo las zonas que quedan al margen de estas corrientes migratorias.

Además de su crecimiento cuantitativo, hay que destacar su variedad, pues junto a titulados universitarios se encuentran trabajadores cualificados, personas que se ofrecen para trabajar sin ninguna exigencia salarial o laboral, mujeres que emigran solas, ya sea de forma independiente o poniendo en marcha una cadena emigratoria a la que se incorporarán los hombres. También se da la coexistencia de emigrantes asentados y con estabilidad jurídica y personas en situación absolutamente irregular. Entre las razones que contribuirían a explicar este fenómeno y su reciente crecimiento, estarían la injusta distribución de la riqueza entre las distintas zonas del mundo, los conflictos armados, las guerras, la falta de libertades democráticas, el creciente proceso de mundialización y la búsqueda de unas mejores condiciones de vida. En España, la emigración se caracteriza por la diversidad ya que no responde a un solo patrón o modelo. Cuantitativamente, la mayor parte corresponde a Europa, seguida de la procedente del Magreb, América del Sur, Asia, América Central y Caribe, África subsahariana, Europa del Esta y América del Norte.

La emigración está suponiendo amplios cambios demográficos que implican importantes retos en lo que concierne tanto al desarrollo social y cultural del conjunto de España como al de cada una de sus Comunidades Autónomas. En este sentido, es cada vez más importante asumir y orientar un pluralismo cultural que contribuya a la construcción de una sociedad más democrática y solidaria. Por eso, cualquier medida de mejora debe basarse en el objetivo de garantizar, por una parte, una igualdad de oportunidades universal y, por otra, una interculturalidad donde el respeto y el diálogo entre las diferentes culturas se realice en el marco de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, este proyecto de convivencia se ha de dirigir a conseguir un interculturalismo enriquecedor, cohesionador y respetuoso con los valores cívicos y culturales que son la base de nuestra democracia y que constituyen nuestro común compromiso social. En él, uno de los ejes fundamentales ha de ser la educación para la solidaridad entre los pueblos. Así entendida, la educación constituye un instrumento indispensable para progresar hacia la libertad, la paz y la justicia social y la escuela se convierte en un vehículo al servicio de la sociedad para el desarrollo de significados y valores. En ocasiones, la educación institucional puede convertirse para los emigrantes, y especialmente para sus hijos, en un medio de desarraigo de la propia cultura y de inculcación de la del país de acogida, por eso recae en la administración educativa y en toda la comunidad educativa la responsabilidad de evitar que la integración social y política no les suponga el menoscabo o la renuncia de su cultura originaria.

Es evidente que incorporar a la educación este carácter intercultural supone consecuencias importantes en la mentalidad de todas las personas implicadas, la organización y la metodología escolares, y el currículum en general, y que no se logrará sin una colaboración estrecha con otras instituciones sociales y departamentos de la Administración. Y hay que destacar que, actuando así, la escuela cumplirá plenamente su función de ser un lugar privilegiado de aprendizajes de todo tipo, de crecimiento, de interrelaciones con los demás; un lugar que contribuirá a educar en valores como la justicia, la igualdad y la convivencia; un lugar que ayudará a que niños y niñas asuman concepciones y actitudes que les lleven a reconocer a todas las personas los mismos derechos que ellos poseen. La educación ha de recuperar su protagonismo en la transmisión de valores que nos llevan a construir sociedades más igualitarias y democráticas. El derecho a la educación es un derecho básico y, por lo tanto, la actual Ley de Extranjería deberá garantizárselo al alumnado extranjero, prohibir cualquier discriminación y defender la igualdad social de todos ellos.

En cuanto a la Ley de Calidad pedimos al M.E.C.D. que en su desarrollo se tengan en cuenta la compensación de desigualdades, la apreciación del otro como fuente de enriquecimiento personal y social y el apoyo decidido a la verdadera integración..