Una ciudadanía plural como tarea educativa y social

ROSA MARÍ YTARTE

Propuesta 4 del Libro blanco de educación intercultural. Documento en el que han colaborado más de cincuenta personas expertas, editado por FETE-UGT.

La reflexión que nos plantea la idea de ciudadanía como uno de los objetivos principales de toda acción educativa desde una perspectiva intercultural requiere situar la educación en un marco global que la inscriba, de un lado, como proceso a lo largo de toda la vida y, de otro, como experiencia que se ubica en el conjunto de la comunidad, es decir, mucho más allá de la escuela y del periodo educativo obligatorio. Podemos considerar también que la ciudadanía en tanto que trabajo educativo no se reduce exclusivamente a la adquisición de conocimientos y competencias académicas, sino que implica la participación activa de los sujetos de la educación en tanto que protagonistas activos de su comunidad. Desde estas premisas, planteamos que la educación para la ciudadanía nos compete como educadores y educadoras a una reflexión y a una acción educativa que incorpore por igual las dimensiones sociales, políticas y educativas, y que estos tres procesos no pueden darse de forma separada. ¿Qué es ser ciudadano y ciudadana en última instancia?

Tanto a nivel individual como comunitario, capacidad para ocupar el espacio público, para elaborar y producir cultura, para construirse como individuos autónomos y participar en los espacios sociales relevantes de las comunidades de referencia. Ello se concretaría en la puesta en marcha de modelos educativos que abarcaran, como hemos dicho, la dimensión social y política de la misma, a través de tres ejes o acciones principales:

• En primer lugar, favorecer procesos educativos que den cuenta de una mundialización capaz de impulsar nuevas oportunidades de comunicación e intercambio y que favorezcan la participación de individuos y territorios en las redes globales.

• En segundo lugar, el trabajo educativo también puede promover la legitimación de la diversidad cultural y social del mundo, su reconocimiento y puesta en valor como patrimonio humano común.

• En tercer lugar, la educación puede situarse como aquella acción orientada a la consolidación del proyecto de la democracia, basado en la idea de la ciudadanía e igualdad. Ello supone una cierta asimilación a los valores democráticos y compartir unas reglas comunes de convivencia.

Ninguno de estos tres niveles: participar de la mundialización, desarrollar la diversidad cultural y promover los ideales de ciudadanía y civilidad puede responder por sí solo a los retos que la interculturalidad plantea, sino que es necesaria su implementación común. Esto quiere decir que partimos de la premisa de que las políticas educativas deben desarrollarse conjuntamente con las políticas sociales (o entender que, al fin y al cabo, las primeras no dejan de ser también sociales) y romper con el “doble itinerario” educativo y social de atención a los ciudadanos y ciudadanas y a la población en general. En este sentido, es necesario reivindicar la necesidad de urgente de romper con esta doble vía de integración, donde lo social es considerado como programa de atención especializado para poblaciones en riesgo. Ubicando la diversidad cultural en su seno, se constata la mirada sesgada que aún permanece sobre la diversidad cultural como déficit/problema y no como potencial de una sociedad.

La ciudadanía es tanto un proceso que hay que construir, posiblemente siempre inacabado, como un derecho. Una ciudadanía inclusiva requiere unos mínimos civiles y sociales que deben estar garantizados para el conjunto de la población, además de significar no tanto aquello que somos, como aquello que podemos hacer en común. Pero ciudadanía es también derecho a la particularidad, entendida como derecho a la propia identidad y a las propias formas de pertenencia. Esta nueva dimensión de la ciudadanía a partir de la idea de diferenciación y diversidad recogería como ideas centrales el rechazo a la uniformización cultural y social, a la generalización de los itinerarios de participación en las formas de cultura dominantes y a los presupuestos teóricos que emanan de la globalización a través de una articulación rígida de los contenidos de la cultura. Así, el trabajo educativo respecto de la ciudadanía tendría como objetivo, no sólo la incorporación a los itinerarios culturales y sociales normalizados, sino también la capacidad de crear una narratividad plural y un protagonismo activo de los sujetos de la educación. La idea de ciudadanía ha de poder configurar, a través de las políticas educativas y sociales, canales de participación social que al mismo tiempo reconozcan las particularidades individuales, más allá de la situación legal desde la que en la actualidad se reconoce o se otorga la ciudadanía. En este sentido planteamos una ética de la pertenencia que no se reduzca a su dimensión jurídica, en tanto que ésta es excluyente respecto del reconocimiento de los derechos básicos de ciudadanía.

En este sentido, la ciudadanía es, más que una condición acabada, el resultado de un proceso de participación y vinculación con la sociedad que se concreta en una clase específica de inserción, posición y trato a nivel individual y colectivo. Y es ahí, desde esta perspectiva, donde la Educación tendría un papel prominente, en la de favorecer la creación de esos espacios ciudadanos y la de articular en ellos acciones educativas capaces de promover el encuentro entre los individuos y/o colectivos para la implicación activa y protagonista en proyectos sociales comunes, además de favorecer para cada uno, como hemos visto, los itinerarios que le permitirán el acceso a la educación, la cultura y los recursos sociales.

Propuestas. ¿A través de qué políticas, programas y acciones educativas podemos articular una educación intercultural para la ciudadanía?

En primera instancia significaría la elaboración de unas políticas que incluyeran de forma coordinada y en todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y local) acciones educativas orientadas a desarrollar.

– Un proceso cultural: de reconocimiento normalizado de la diversidad del mundo y de sus narrativas plurales en todas sus dimensiones: conocimiento, arte, sociedad, lenguas, religión, estilos de vida, etc.

• Revisión y modificación de los currículos educativos en los que la diversidad cultural aún es tratada como diferencia.

• Promoción y puesta en valor de las producciones culturales ciudadanos sin adjetivación étnica, popular, minoritaria, etc.

• Promoción del multilingüismo real de las ciudades actuales. Reconocer y partir de las lenguas existentes en nuestro contexto (en las escuela, en el municipio) para dar cuenta de ellas en las bibliotecas, publicaciones, servicios públicos, programas escolares, etc.

• Facilitar el aprendizaje de lenguas diversas y no sólo de aquellas de amplio alcance como el inglés, a través de las OEI y de las TIC.

– Un proceso social: de elaboración y compromiso con los valores y principios de la democracia y la igualdad, asumiendo que “igual” no significa “idéntico” y que “poder vivir en condiciones de igualdad” significa poder desarrollar la propia singularidad individual y colectivamente.

• Incorporación de la figura del educador o educadora social en el conjunto del sistema reglado en sus funciones de formación y mediación entre las instituciones educativas y la comunidad y como promotor o promotora de acciones coordinadas entre el sistema educativo y el municipio para el conjunto de la población.

• Trabajar para la visibilización social y puesta en valor de las prácticas cotidianas de los ciudadanos y ciudadanas, evitando su estigmatización cultural.

– Un proceso político e institucional: orientado a articular programas socioeducativos que hagan efectivo y posibles los derechos ciudadanos y favorezca la construcción de un marco común de convivencia y civilidad desde la infancia, orientado a la construcción de la comunidad y del sentido de pertenencia.

• Desarrollo de pactos de convivencia y civismo en y con las comunidades.

• Desarrollo de planes y programas para el impulso de la participación social del conjunto de la ciudadanía y de incorporación de los nuevos vecinos, favoreciendo la transversalidad en proyectos de interés común: vivienda, formación, empleo, asociacionismo, sostenibilidad y no sólo agrupaciones de carácter étnico-cultural.

• Puesta en marcha de planes globales de acción comunitario que vinculen las diferentes instituciones sociales y educativas en el trabajo común en el municipio.

En segundo lugar, la cultura como derecho supone que la educación trabaja para promover la incorporación, para todos los individuos, al patrimonio común de la humanidad, entendiéndolo desde una perspectiva abierta, dinámica y plural. No es, por tanto, una cultura ya acabada y definida de la que el sujeto de la educación sólo deba apropiarse (aunque sin duda ésta constituiría una parte de la misma), sino principalmente una cultura en construcción, que se nutre de múltiples aportaciones y a su vez promueve la propia creación de los ciudadanos en distintos espacios y niveles. Así, consideramos la tarea educativa respecto de la cultura, en tanto que posibilidad de pertenencia, de participación y de vínculo de los individuos y los colectivos en la sociedad de su tiempo y cuyos contenidos educativos estarían articulados en torno a:

• El legado cultural histórico de la humanidad en todas sus dimensiones. Es decir, aquello que nos remitiría a lo universal común desde una perspectiva plural y no etnocéntrica.

• La diversidad cultural en todas sus formas: pluralidad cultural, reivindicación y visibilización de la propia diversidad cultural del país, culturas locales, lenguas, tradiciones, etc. Es decir, aquello que nos remitiría a lo particular de los colectivos y al desarrollo de las comunidades.

• El conocimiento social, científico y tecnológico de las sociedades globalizadas, sus retos, beneficios y riesgos. Es decir, aquello que nos remite a la capacidad de participar en los asuntos públicos importantes de nuestras sociedades.

Por último, la ciudadanía como desarrollo comunitario nos remite a una acción educativa centrada en potenciar espacios públicos, recursos y servicios de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, respecto a este contenido, nos centramos en la idea de ciudad y tomamos como punto de partida la premisa de que la calidad de esos espacios y de lo que, desde una perspectiva educativa y cultural, se promueve en ellos, constituye uno de los puntos clave de la misma posibilidad de una ciudadanía plena.

Por ello, el papel de la educación puede ser relevante en este sentido, si consideramos que son esas prácticas que desplegamos las que a largo plazo acaban por configurar las formas culturales y no a la inversa, como suele hacerse. Una ciudadanía plena implica una ciudad de calidad en todo aquello que atañe a la cultura, los equipamientos, los servicios y la convivencia.

• Promover de forma global los programas educativos en la red de recursos comunitarios: educativos, sociales y culturales, haciendo especial atención a la falta de recursos socioeducativos en el medio rural.

• Incorporar los recursos destinados a los nuevos vecinos en los servicios públicos normalizados de la ciudad, evitando la segregación de programas y recursos y la construcción de un ciudadano o ciudadana de segunda clase etiquetado como “inmigrante”.

• Desarrollar la escuela como espacio educativo comunitario, facilitando su apertura al conjunto de la población y su coordinación con los diversos agentes sociales del municipio.