Día Mundial de la Tolerancia

La paz es un espacio de encuentro y un tiempo de relaciones humanas. Ni es sólo ausencia de guerra, ni significa ausencia de conflictos. Las relaciones humanas son siempre conflictivas y la superación pacífica y positiva de estas situaciones es precisamente la forma de convivencia armónica de las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás diferencias

Manuel Méndez y Pilar Llanderas

La Conferencia General de la UNESCO, en su 28ª reunión (25 de octubre a 16 de noviembre de 1995), aprobó una Declaración de Principios sobre la Tolerancia y un Plan de Acción. El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que el 16 de noviembre de cada año observaran el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general (resolución 51/95). Posteriormente, en la Cumbre Mundial 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su compromiso de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el respeto y el diálogo entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos.

La Declaración de Principios, definió la Tolerancia como la responsabilidad y aptitud que sustentan los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el estado de derecho y constituyó un hito en el avance de la comunidad mundial para definir el concepto e identificar el papel de la tolerancia en los planos internacional y estatal, en la sociedad civil y en la educación. Fue, así mismo, el primer documento internacional en el que se reconocen y abordan las múltiples formas y manifestaciones en las que se presenta la intolerancia; es decir, la violencia, el terrorismo, la injusticia y la exclusión.

Desde FETE-UGT consideramos que, hoy más que nunca, es prioritario llevar a cabo los compromisos y acciones asumidos en la Declaración. La actual situación de crisis económica y sus efectos en el incremento de la desigualdad social y de la exclusión, y en el aumento del miedo y sentimiento de amenaza que experimenta la población, (que se expresa en un mayor rechazo hacia las minorías y grupos-), determina la necesidad de incrementar los esfuerzos para luchar contra la discriminación y todas las formas de intolerancia. La exclusión social y económica conduce, como ya ocurrido en otros momentos históricos, a la frustración, la hostilidad y el fanatismo.

Desde el convencimiento de que la tolerancia no es concesión, condescendencia, ni indulgencia; sino que ante todo, la tolerancia es el reconocimiento de los derechos humanos universales y de las libertades fundamentales, la defendemos pero no solo como un deber moral, sino como una obligación política que debe ser practicada por cada persona, grupo y por supuesto, por el Estado.

El fomento y defensa de la tolerancia a nivel del Estado exige que haya justicia e imparcialidad en la legislación y en la aplicación de la ley. Exige también que toda persona pueda disfrutar de oportunidades económicas y sociales, y tener garantizadas y cubiertas las necesidades básicas, esto es, garantizar los derechos sociales y económicos reconocidos en la Constitución; y que tal y como observamos han sido profundamente recortados, con consecuencias muy graves para el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y para la cohesión social. Todo esto está contribuyendo a crear tensiones sociales que se manifiestan en la intolerancia.

Las aulas hoy en día son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Los retos, las ilusiones, los acuerdos y los conflictos están presentes en todos los espacios de convivencia. El compromiso de FETE UGT es contribuir a que en los centros educativos aprendamos a relacionarnos desde los valores de igualdad, respeto y solidaridad. El tratamiento que se da a la resolución de los conflictos en el ámbito educativo es un elemento fundamental para el desarrollo de la personalidad de los alumnos y de las alumnas y para la incorporación de nuevos talantes en el tratamiento la diversidad. Creemos que el sistema y legislación en el ámbito de la educación debe abordar de forma prioritaria y permanente los siguientes objetivos: