Pueblos indígenas de México: Tareas imprescindibles para su reconstitución

Ánchikuarhitaecha enkats’ini jarhuataaka sési irerantani 

Bertha Dimas Huacuz *

I.- Indigenismo del Estado: Los artificios del paradigma actual

México vive bajo un pacto forzado que, históricamente, no ha tenido la determinación de superar. La esperada “nueva civilización” del “encuentro de dos mundos”, nunca se dio y la conformación de una verdadera sociedad pluriétnica y multicultural ha sido negada, sistemáticamente, por todos los gobiernos desde la Independencia. La relación con los pueblos indios se mantiene, hasta nuestros días, en términos de injusticia y desigualdad.

Las políticas integracionistas, elaboradas desde los años cuarenta por los teóricos del indigenismo, esperaban que, por medio de reformas agraristas y programas educativos de “castellanización”, las poblaciones indígenas fueran asimiladas en la vertiente cultural principal de la nación. Pero al no haber sido invitadas a la fundación del Estado mexicano, las comunidades indígenas permanecieron arrinconadas en las así llamadas, en ese tiempo, “regiones de refugio”. Sociedades enclaustradas entre los remanentes de la benevolencia religiosa que se pretende beatificar en la actualidad.

Del así llamado indigenismo mexicano

Si bien por indigenismo se entiende una compleja y extensa interrelación de políticas, acciones y declaraciones de gobierno hacia los pueblos y comunidades indígenas, no existe, ni ha existido, un solo tipo o perfil de indigenismo.

El indigenismo es institución, ideología, etnología, sociología rural, cuerpo teórico-práctico de intervención; y su objetivo, filosofía y misión es la integración, asimilación y negación de la civilización de las poblaciones autóctonas. Dicho con mayor fidelidad y elegancia: más que su incorporación al progreso de la nación, es la ejemplar penitencia por el pecado original de ser indios. Para Aguirre Beltrán, es mestizaje biológico y evangelización cultural como forma de consolidación de la identidad de los mexicanos.

Conceptualizado para la acción de campo, el indigenismo dictaba, en sus primeras etapas, que la administración de las áreas indígenas debería ser responsabilidad de los antropólogos, considerados como una composición de misionero educador, científico social y burócrata comprometido. Este mismo fenómeno de control territorial se mantiene, en nuestros días, a través de funcionarios federales y estatales (algunos indígenas asimilados, convertidos en “gentes de razón”), como un instrumento de penetración del Estado en la vida social, económica y política de las comunidades, y se inscribe en un federalismo ejecutivo, normativo y presupuestal que ha condenado a las regiones a la desigualdad y pobreza extrema.

El indigenismo –establecido formalmente desde el Primer Congreso Indigenista Interamericano (Pátzcuaro, 1940), y sostenido en nuestro país por más de setenta años a través del aparato burocrático del Instituto Nacional Indigenista (INI) (1948), sus Centros Coordinadores y la, ahora, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (2003)–, se consolida y expande en nuestros días. Lo hace hoy cobijado bajo el mito de que las acciones “transversales” de las entidades de gobierno, siguen siendo la mejor manera “para el pago de la deuda con nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas” (sic).

Filantropismo del Estado y el paradigma intercultural indigenista

El modelo de intervención de las administraciones de los gobiernos, federales y estatales, de este país, sigue siendo de corte esencialmente indigenista. Están cortados –ambos–, con la misma tijera, y dependen del mismo presupuesto. Este indigenismo del presente se fundamenta en las mismas acciones, paternalistas, fragmentadas y burocráticas, además de no contar con recursos garantizados.

El “problema indio” se sigue abordando en México de manera parcial y sin resultados definitivos, al ser enfocado como un fenómeno de “interculturalidad” y bilingüismo educativo, y no para la eliminación de la marginación y la pobreza. Pero, aun en este contexto, se mantienen trabas insalvables para la formación de las indispensables generaciones de profesionistas, académicos e investigadores indígenas, y de nuevos liderazgos comunitarios.

En tanto los territorios indígenas siguen siendo el campo perfecto para la prospección de los recursos naturales y la investigación etnoecológica y de la biodiversidad, por parte de organismos e individuos foráneos, el acceso de los jóvenes indígenas a la educación superior sigue negado, sistemáticamente, permaneciendo del orden del uno por ciento a nivel nacional (¡!).

Fortalecido con los múltiples programas de subsidios y transferencias de asistencia social, de varios programas –como es el caso de Progresa, transformado en Oportunidades; y, ahora, el Prospera del Mover a México–, el indigenismo actual obliga a las comunidades indígenas a continuar bajo la dependencia del Estado, para que así no asuman el control de su destino.

Fundamentalmente, esta estrategia de intervención gubernamental está consagrada en el apartado B del artículo segundo de la Constitución, resultante de las reformas de 2001 en materia de derechos y cultura indígenas. Estos nuevos preceptos constitucionales elevan al altar de la buena fe, el voluntarismo del gobierno mexicano. A la luz de estas razones, “el gesto misericordioso (del indigenismo) se hizo caridad institucionalizada y burocratizada”.

Estas reformas establecen, en principio, mayor atención a las comunidades indígenas por parte del Estado, consolidando el tutelaje. En este sentido, el gobierno retiene todas las funciones, a la vez que simplifica sus acciones, generando padrones y listas de beneficiarios, los que incluyen una gama completa de derechohabientes a nuevos servicios (infantes, niños, jóvenes, ancianos, madres solteras, etcétera), supeditados todos a ciertas condiciones especificadas en diversas “reglas de operación”. Además del carácter degradante de recibir el cheque mínimo o la autorización de pago en ceremonias públicas o de hacer la fila afuera de oficinas gubernamentales, estos procedimientos niegan, ante todo, la oportunidad de ser uno mismo. Oprimen a la gente humilde, en lugar de facultarla y preservar su dignidad.

Pero además, en paralelo, el Estado abandona una vez más sus responsabilidades fundamentales con respecto de la salud, la educación y la vivienda de los mexicanos, cediendo el control de muchas de estas acciones a diversas fundaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Teletón, además de las de Televisa y TV Azteca.

Es así que aparece un nuevo tipo de personaje indigenista, público-privado: un prototipo de benefactor, el que a cualquier ciudadano que encuentra en circunstancias diversas a las suyas –de acuerdo con sus perspectivas unilaterales y etnocentristas– lo transforma, ya sea de campesino o indio, en mexicano pobre; y a cualquier mujer, indígena o campesina, la convierte en objeto de piedad, ayuda, al mismo tiempo que en beneficiaria de talleres de “empoderamiento”.

Indigenismo de tercer generación, misma pobreza

El indigenismo es una manifestación a todas luces falsa, tendenciosa, fallida: herencia del siglo pasado y, desgraciadamente, vigente todavía en este tercer lustro del siglo 21. Pero a este fenómeno innecesario lo discutimos no por viejo, o por su posible obsolescencia, parafraseando a López y Rivas (2004), sino por sus efectos perniciosos. Por su asociación simbiótica con el clientelismo singular del programa Progresa-Prospera, y la demagógica “Cruzada contra el Hambre”.

De acuerdo con el informe Medición de la Pobreza en México 2014, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza alcanzó al 73.2 por ciento de la población indígena –en el ámbito nacional– en comparación con el 43.2 por ciento de la población no indígena. Además, la proporción de “carentes alimentarios” aumentó de manera severa entre los indígenas del país, i.e., de 34.4 por ciento a 38.8 por ciento, en el periodo 2012-2014. La calamidad del hambre que se propaga sin compasión entre los propietarios del bosque, del agua; legatarios y cuidadores pródigos de la biodiversidad nacional.

Indigenismo en Michoacán, artificios del paradigma actual

Con su abordaje de “pueblos mágicos”, sus incursiones de apoyos individuales (i.e., no asociativos) para el establecimiento favorecido de “rutas turísticas” y “clusters” de gastronomía tradicional y hostales rústicos, además de concursos artesanales genéricos y repetidos, el indigenismo michoacano y su burocracia continúan la senda del indigenismo nacional introduciendo distorsiones severas en las economías locales, las que erosionan significativamente la comunalidad. Son un espejo opaco del indigenismo mexicano “de tercera generación”.

Mientras que en una “optimista y persuasiva” conferencia ofrecida en la Universidad de París, en 1956, el Dr. Alfonso Caso (1896-1970), ideólogo del indigenismo y primer director del INI, vaticinaba que “el problema indígena como tal desaparecería en los próximos 20 años”, lo que sí persiste hasta nuestros días es el indigenismo mismo. Demostrado está que el indigenismo michoacano es una réplica de esta ancestral ideología. Ideología que no ha muerto. El indigenismo “está resucitando con nuevos disfraces y nuevos discursos, que suenan gastados y demagógicos, de que ahora sí este gobierno va a resolver los problemas ancestrales” (Sámano Rentería).

Hace falta, en consecuencia, sentar las bases para la edificación de un paradigma distinto de promoción del desarrollo de los pueblos indios de Michoacán, comenzando con la participación real –efectiva– de representantes auténticos de los propios pueblos en el diseño e implementación de los programas a ser ejecutados en las comunidades propias y distintivas.

Por lo que resulte del Plan Integral de Desarrollo (2015-2021), sus acciones tendrían que ser realizadas con la garantía, de parte del Ejecutivo estatal, de que cualquiera de las medidas legislativas o administrativas que se decida tomar, estén apegadas a nuestro derecho a la consulta “previa, libre e informada”. Así lo marcan los convenios internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras tanto, habrá que seguir estando alerta y responder, con crítica fundamentada, además de acción organizada, a las transmutaciones camaleónicas y estrategias sucesivas de sobrevivencia del neo-indigenismo; buscando erradicarlo de estos territorios indios, insurgentes de Hidalgo y de Morelos.

II.- Tareas para la reconstitución de los pueblos

Se viven momentos difíciles en Michoacán, de riesgo e incertidumbre. Situaciones de conflicto permanente, violencia, inseguridad. Pobreza generalizada, marginación social, desigualdades. El acecho y las amenazas a las que se enfrentan las comunidades rurales e indígenas de la entidad no se acaban. Despojos y expulsiones de las mejores tierras; crisis derivadas de la explotación ilegal del bosque; focos rojos recurrentes de linderos en propiedades ejidales y de tenencia comunal.

El asalto sobre los territorios de las comunidades indígenas, es más fuerte que nunca. Estas enfrentan ahora las nuevas amenazas de la prospección y explotación de la biodiversidad en sus territorios comunales; de la privatización de sus tierras, además de la expropiación turística de sus manifestaciones histórico-culturales. La Noche de Muertos, “Animechaeri Kéjtsïtakua”, ceremonia nuestra, creativa y colectiva, sigue siendo apropiada irreverentemente por las agencias eco-turísticas públicas y privadas (nacionales y extranjeras), como política explícita del gobierno estatal.

Una lucha renovada
Jimpanerantani juchari p’urhepecheekuani

México, y nuestros pueblos y comunidades rurales e indígenas, se encuentran en una encrucijada. La disyuntiva es la de saber elegir entre un modelo propio de desarrollo –el de la autonomía, la gobernabilidad y la reconstitución de los pueblos–, o el esquema que se nos ha impuesto desde siempre, del paternalismo, la burocracia, el individualismo y la erosión de la vida comunal.

Es por lo tanto el tiempo justo, ahora, para la definición de nuevas estrategias para conseguir un mayor control de nuestro destino como pueblos; el momento de construir la “obra negra” de aquellas estructuras institucionales indispensables para la organización realmente representativa de nuestras comunidades; de conseguir la necesaria autonomía de espacio, territorio, pensamiento y acción. Junto con el sentido de “pertenencia” y los elementos valiosos de nuestras lenguas, culturas e historias, la autonomía indígena y la organización comunal son los puntales del anhelado bienestar y de la dignidad de nuestros pueblos y comunidades. Esta organización autónoma es el único patrimonio, verdaderamente perenne, que podemos heredar a nuestras futuras generaciones, a pesar de las dificultades de su aplicación práctica en los ámbitos comunal, municipal y nacional.

Esta autonomía se construye ejerciendo los elementos organizacionales, culturales y territoriales con los que se cuenta, “partiendo de lo que ya existe” (…) “valores dignos de grande aprecio, i.e., sentido comunitario y de solidaridad, cohesión familiar; respeto a la naturaleza y al saber de los ancianos; rechazo a la corrupción; aprecio por aquellos que han servido al propio pueblo y son los que habrán de representarlo y gobernarlo” (León Portilla).

Diez tareas imprescindibles
K’uanisintiksi témpeni ánchikuarhitaecha

Las acciones aquí enlistadas –las cuales se empalman y se refuerzan mutuamente, como elementos de un todo en construcción–, serían componentes de un proceso tendiente a la reconstitución de los pueblos indígenas de México y Michoacán:

• Uno. Un nuevo Pacto Social Estado-Pueblos indios, que fundamente la construcción de una nueva nación pluricultural y multilingüe. Una nación de naciones;
• Dos. Una nueva Constitución, a nivel federal, que garantice el ejercicio de los derechos legítimos como pueblos indios, incluyendo, fundamentalmente la libre determinación, autonomía y tenencia comunal de tierras y territorios; y el control de nuestras riquezas naturales y patrimonio cultural;
• Tres. El establecimiento de Autonomías Regionales (plurales y diversas, en el lago de Pátzcuaro, la Meseta P’urhépecha y, según corresponda, en otras regiones del estado y del país), siendo ésta una práctica sociopolítica de autogestión, autodeterminación y autonomía a ser ejercida en juntas de gobierno, cabildos indios y asambleas comunales, a la vez que ordenada legalmente en “constituciones internas”;
• Cuatro. Un nuevo y consistente Tercer Nivel de Gobierno que represente, ante las instituciones e instancias exteriores, los intereses de nuestras comunidades. Este nivel gubernamental consistiría en –y estaría delimitado–por: (a) la agregación territorial de zonas geográficas con población predominantemente indígena; (b) la suma organizacional de comunidades individuales (colindantes o separadas); y (c) el ejercicio de las funciones de un nuevo tipo de “municipio” (diferente al municipio “libre”), regido y organizado bajo esquemas comunales de representación;
• Cinco. Jurisdicción Indígena, comprendiendo las áreas claves para la auténtica gobernabilidad y gestión local y regional: organización comunal interna; salud pública y medioambiental; educación y servicios sociales; gestión económica y de los bienes de todos; y comunicación y patrimonio cultural, además de procuración de justicia;
• Seis. Normalización de Constituciones Internas, al poner por escrito, refrendar y poner en la práctica nuestras normas internas de gobierno y gestión. Estas se basarían en nuestra percepción milenaria de la vida y la sociedad, y en los instrumentos y maneras de ejercer nuestros recursos colectivos: propiedad comunal de tierras, territorios y patrimonio cultural; asambleas comunales y de barrio; cumplimiento de cargos y responsabilidades sociales; y ejercicio extendido de relaciones sociales y familiares, entre otros;
• Siete. Organización de Consejos de Autoridades, auténticos y legítimamente representativos, de cada uno de los pueblos indígenas de una gran nación;
• Ocho. Formulación de Planes Autónomos para el bienestar comunal, erradicando el obsoleto paradigma de los “pliegos petitorios”, las “audiencias”, las “ventanillas” y las “cartas de solicitud”. La gestión de los asuntos internos, en todos sus aspectos (económicos, sociales, políticos), se fundamenta en una “jurisdicción” indígena multisectorial, y en la toma de decisiones, formulación de planes y programas de inversión, así como el ejercicio pleno y directo de recursos y presupuestos, i.e., superando el mito-promesa de los “presupuestos participativos”;
• Nueve. Organización de una Alianza Permanente de organizaciones sociales, incluyendo aquellas de profesionistas, académicos, estudiantes, artistas, comunicadores, en conjunto con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. Esto, según lo demandan nuestras realidades regionales, y como suma y resultado de nuevos esfuerzos colectivos de organización; y
• Diez. Gestión autónoma de los aspectos culturales, científicos, de creación y comunicación. Esta acción final es con la intención de preservar la sabiduría de nuestros hombres y mujeres mayores, de enriquecer nuestro patrimonio cultural (físico, material, tangible e intangible), a fin de facilitar el surgimiento de un nuevo arte comunal y popular; gráfico, digital y, en todos los aspectos, manteniendo la propiedad intelectual en el ámbito interno de los pueblos y comunidades indígenas. Las manifestaciones de la cultura indígena, tangibles e intangibles, deben reapropiarse como lo que son, elementos de propiedad comunal, antes que “patrimonio de la humanidad”.

Acciones de reestructuración y reforma

Es en este contexto donde se tendrá que demostrar si el apoyo de la nueva administración estatal va a ser decidido –definitivo–, para la erradicación de la pobreza y la desigualdad, como se comprometió el gobernador actual de Michoacán durante su campaña electoral.

Restructuración institucional. Estas acciones directas, incluyen, por necesidad, la restructuración de la entidad gubernamental encargada de los asuntos de los pueblos indígenas, de modo de: (a) redefinir su papel en relación a las necesidades reales de los pueblos y comunidades, y para ser efectiva en su actuación y, por lo tanto, en la obtención de resultados medibles y verificables de desarrollo; y (b) poder responsabilizarse del diseño e implementación participativa de programas innovadores de inversión local (salud, educación, vivienda, recursos naturales, etc.), a la vez que de facilitar la reconstitución y el ejercicio independiente de un Consejo de Autoridades, auténticamente representativo de las distintas regiones y pueblos indígenas de la entidad.

Reforma universitaria. Las acciones esperadas del Ejecutivo estatal también incluyen el propiciar que se realice, inaplazablemente, dentro de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán: (a) una reforma académica integral, incluyendo la redefinición de oferta educativa relevante; (b) un reordenamiento consistente, estructural y de gestión interna; (c) un rectorado de miras estratégicas, y de respeto académico, además de que el nombramiento de la persona idónea para ocupar el cargo surja de un proceso transparente de selección; y, (d) la refundación, con autonomía, de esta institución cardinal.

A pesar de la severidad de sus problemas –exacerbados por los decretos de “contrarreforma” emitidos por el gobernador sustituto (2014-2015)–, la UIIM es una institución clave para el progreso de las regiones y municipios. No puede continuar siendo una entidad educativa de segunda clase ni ser manejada por decreto, a modo y conveniencia.

En su carácter universitario y escolástico superior, la UIIM debe consolidarse como una institución autónoma del pensar y del hacer, impulsando la movilidad social comprometida, el avance profesional responsable y la realización ciudadana comunal de los jóvenes indígenas de la entidad.

Invocación

Estas tareas podrán ser vastas y difíciles, sí, pero el futuro nos pertenece. México y, en particular, Michoacán, tienen grandes carencias. No podemos esperar el amanecer…Hay que ir a su encuentro.

Uánikuaestiksi ánchikuarhetaecha ka ts’unapistiksi, joo, ka pauani juchaaristi. Echero ka, juchari, Michoacán, uétarhinchasintiksi uánikua ampe. Áampech’i úa erokani eska janonkuakorheaka…ju je p’íntani.

¡Mák’u xanharani juchari uinhapikua jimpo!

Barrio de San Pedro Urhépati, comunidad p’urhépecha de Santa Fe de la Laguna, a los 16 días de noviembre del 2015.

*La Doctora Bertha Dimas Huacuz es médica por la Universidad Michoacana (Morelia, México), estudió Salud Pública en la Universidad de Harvard. Directora fundadora de la Escuela Preparatoria Indígena Intercultural de Santa Fe de la Laguna. Integrante del Consejo Estatal de Ecología y del Primer Consejo Económico y Social de Michoacán. Este artículo representa una actualización del ensayo titulado “K’umánchikua Jauátantani. Perspectivas y Tareas para la Reconstitución de los Pueblos Indígenas de México y Michoacán”, compilado originalmente en: Seefoó Luján, J. L. (2008): Desde los Colores del Maíz. Una Agenda para el Campo Mexicano. Zamora: Colegio de Michoacán.