Mitos y datos sobre personas refugiadas

El atentado terrorista perpetrado por Estado Islámico en París el pasado 13 de noviembre ha vuelto a despertar el debate sobre la acogida de personas refugiadas en Europa. Hace unos meses, los medios de comunicación publicaban a diario numerosas imágenes de miles de personas refugiadas tratando de llegar a las fronteras de la Unión Europea. Estas fotografías despertaron en las sociedades de los países europeos oleadas de solidaridad, pero también de racismo.

Ahora, estas imágenes pierden relevancia para mostrarnos el horror y el terror que vivió Francia. En este contexto, es importante acercarse a la visión que tiene parte de la sociedad sobre aquellos que llegan a nuestros países buscando protección y tratar de contrastar con datos y hechos algunas de las creencias más frecuentes.

«La llegada de las personas refugiadas a Europa es una invasión, una avalancha»

Según ACNUR, hasta diciembre de 2014 había en el mundo 59,5 millones de personas que se habían visto obligadas a desplazarse forzosamente. 19,5 millones son población refugiada porque han traspasado fronteras. De esos, 14,4 millones están bajo el mandato de ACNUR: 3,8 millones (27%) residían en países de Asia y el Pacífico, 3,7 millones (26%) en África Subsahariana, Europa acogía a unos 3,1 millones (22%), Oriente Próximo y el Norte de África a 3 millones (21%) y América a 769.000 (5%).

Los 5,1 millones restantes son refugiados palestinos registrados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

En relación con su población, los países que acogen a un mayor número de personas refugiadas son Líbano, con 232 refugiados por cada 1.000 nacionales y Jordania, con 87 por cada 1.000.

En los cinco años de guerra civil, más de cuatro millones de ciudadanos sirios han abandonado su país y han buscado refugio en otros. Turquía acoge a 1,9 millones de sirios, Líbano a 1,2 millones, Jordania a 650.000, Irak a 249.463 y Egipto a 132.375.

Por otro lado, ACNUR estima en 835.000 la cifra total de personas refugiadas y migrantes de todas las nacionalidades que llegaron a las costas europeas entre enero y noviembre del 2015. Una cifra no tan elevada, comparada con las anteriores.

No puede hablarse, por tanto, de una «invasión o avalancha» de llegadas a Europa, sino que, por el contrario, es en los países próximos a los de conflicto sobre los que descansa la acogida de la mayor parte de la población refugiada.

¿Por qué no les acogen los países del golfo pérsico? ¿Por qué tenemos que acogerlos?

Entre otras muchas razones, porque estamos obligados a ello. La mayoría de los países de la Unión Europea -entre ellos, España- ha firmado una serie de tratados internacionales que obligan a proteger y ayudar a la población refugiada, es decir, a aquellas personas con temores fundados de persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Etnre otros tratados internacionales, España ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967. España también ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 22 recoge la protección y atención a niños y niñas refugiados. Esto es muy importante porque, tal y como señala UNICEF, uno de cada cinco solicitantes de asilo es menor.

A nivel europeo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 19, recoge el principio de no devolución, por el que se prohíbe devolver o expulsar a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas.

España también está obligada por su derecho nacional a través de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Además, naturalmente, pueden alegarse otras razones de justicia, solidaridad o simple humanidad para acoger a personas perseguidas con riesgo para sus vidas.

Los países del Golfo no han suscrito la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas, por lo que no tienen las obligaciones jurídicas derivadas de la misma. Con todo, es verdad que deberían y podrían hacer mucho más y así lo han denunciado también organizaciones como Amnistía Internacional. Pero, en cualquier caso, esto no nos exime a nosotros de asumir nuestras propias responsabilidades.

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