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Las políticas antirrefugiados invaden Europa
Pintar las puertas de sus casas de rojo, obligarlos a llevar pulseras rojas si quieren recibir tres raciones de comida al día, requisarles dinero y joyas, confinarlos en campos, apartarlos con vallas y alambradas, expulsarlos, deportarlos, dejarlos morir por miles en su periplo desesperado…
¿Alemania, años 30 y 40? No. Europa, 2016. No hay día que pase sin que una nueva medida, ley o política en materia de refugiados se apruebe en algún país de la Unión Europea, pero pocas de ellas están destinadas a mejorar la acogida, aplicar la legislación internacional o evitar las muertes en el mar, que en los primeros 31 días del año se elevan ya a 309 personas –cerca de 4.000 en 2015–, según datos oficiales.
Si el escándalo levantado en Reino Unido a finales de enero ha obligado a las dos contratas que se encargaban del alojamiento y alimentación de los refugiados en las ciudades de Middlesbrough y Cardiff a anunciar que dejarán de “marcar” a estas personas con puertas rojas en sus viviendas y con pulseras rojas, respectivamente, otros países se apresuran a aplicar medidas que siguen levantando inevitables comparaciones con el pasado. El 26 de enero, el Parlamento de Dinamarca aprobaba, con los votos de los liberales en el Gobierno, los socialdemócratas de la oposición y dos pequeños partidos de extrema derecha, la ley que le permitirá despojar a los refugiados de todo su dinero y “joyas sin valor sentimental” que superen unos iniciales 1.340 euros. Antes de Dinamarca, ya hacía algo parecido Suiza, que se limita al efectivo. Y los länder alemanes de Baviera y Baden-Württemberg: el primero, gobernado por los social-cristianos; el segundo, por socialdemócratas y verdes, pueden quedarse con el dinero y bienes de los refugiados que superen los 750 o los 350 euros, respectivamente.
“Parece que Europa no tiene memoria porque algunas de estas medidas se parecen mucho a las que los nazis tomaban contra los judíos en los años 30, y ya sabemos cómo terminó”, indica Beatriu Guarro, de SOS-Racisme y portavoz de la plataforma Stop Mare Mortum, que añade que “la confiscación de bienes atenta contra los derechos humanos de manera flagrante”. A la requisa de dinero y joyas se suman, por ejemplo, las políticas que endurecerán y limitarán la reagrupación familiar, aprobadas por Dinamarca e imitadas el 28 de enero por Alemania. Pero también las expulsiones masivas. Suecia ya ha indicado que deportará a 80.000 solicitantes de asilo, la mitad de los que han buscado refugio en su país en 2015, mientras que Finlandia echará a unos 20.000, el 60%, muchos de ellos iraquíes, a través de vuelos chárter. Y Austria limitará las peticiones de asilo este año a 37.500 y rechazará a todos los demás, sin importar sus circunstancias. Otros países, como Hungría, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia, ya dijeron que los refugiados musulmanes no eran bienvenidos.
“Estamos ante la confirmación de que la universalización de los derechos humanos es una gran mentira. Lo que está primando aquí es el concepto de Estado nación, el concepto de ciudadano, los derechos para los de aquí; todos los convenios están pasando a ser papel mojado”, dice Pablo Sainz, de la Red Solidaria de Acogida, que añade que “el debate se está centrando en cuáles son las medidas más coercitivas que se pueden implementar, en consonancia con las políticas migratorias de los últimos 25 años, que siempre han vinculado la cuestión securitaria con el control de fronteras sin importar las vidas que esto haya costado”.
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