Discriminación en la educación

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que una escuela de educación básica inclusiva remite a que todas y todos los niños, independientemente de sus diferencias, pueden compartir el aula de clases, aprender juntos, creando un marco de respeto y aprecio a la diversidad; lo que requiere que toda la sociedad debe adquirir una nueva actitud ante la diversidad. Sin embargo siguen existiendo múltiples motivos de discriminación, entre los que figuran la discapacidad, los migrantes, la condición étnica, entre otras.

Sin embargo en México hay 6 millones de niños, niñas y jóvenes entre 3 y 17 años que no acuden a la escuela, indican cifras de la UNESCO.

De acuerdo al documento “Por una educación igualitaria y sin discriminación” la educación inclusiva no se limita sólo a los derechos de las personas con discapacidad, sino también a los niños y niñas procedentes de las comunidades indígenas. Los niños y las niñas de cualquier situación geográfica del país deben ser aceptados e incluidos en las escuelas, sin importar su color de piel, creencias religiosas o culturales y posición social. Parte de lo postulado en la educación inclusiva se refiere a la enseñanza intercultural que consiste en la apreciación de las diferencias entre los alumnos y alumnas como un recurso de aprendizaje, y en la igualdad de condiciones en las aulas. Y resalta que a nivel nacional, 6 de cada 100 habitantes de 5 años y más hablan alguna lengua indígena. Las que más hablantes tienen son náhuatl, maya y lenguas mixtecas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este sentido cabe mencionar que para identificar a los niños indígenas se emplea el criterio lingüístico y deja de lado otros marcadores culturales como las formas de organización, tradiciones, asentamientos históricos, entre otros.

Reconociendo el criterio lingüístico, se tiene problemas como en el caso de la educación preescolar, ya que este criterio aplica para los mayores de 5 años de edad, de manera que el habla de los menores se homologa con el de madres, padres o tutores, sin que existan en el propio sistema educativo instrumentos para la ubicación de lenguas y datos étnicos de los alumnos en los contextos escolares, más allá del formato que se emplea para el registro de información de educación (formato 911) para escuelas indígenas.

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