La Seguridad Social deja a personas sin sanidad en comunidades con leyes para evitar la exclusión

Las ‘cloacas’ de la exclusión sanitaria en España en la actualidad, ocultas y casi imperceptibles para la mayoría de las personas, suelen tener un punto en común: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es la conclusión de un nuevo informe de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que ha reunido casos de denegación de acceso al sistema de salud público de inmigrantes con permiso de residencia y de españoles, en regiones incluso que aprobaron normas para devolver la «universalidad» a sus comunidades tras la reforma sanitaria de 2012. «Pero es que estos casos parten de la administración central, de la Seguridad Social», denuncia Marta Pérez, portavoz del colectivo.

Con la reforma sanitaria de 2012, vía real decreto (el 16/2012), el Gobierno retiró las tarjetas sanitarias a cientos de miles de personas de un día para otro. «Lo que hizo fue más allá, cambió el modelo sanitario de uno universal a otro de seguro individual en el que tienes derechos según tu edad, tu situación laboral, tu residencia…», explica la activista.

El colectivo más visible de los excluidos fueron los inmigrantes sin permiso de residencia: ellos solo podían acceder a los tratamientos públicos en ciertos supuestos (urgencias, enfermedades infecciosas, menores y embarazadas). Pero no fueron los únicos que se quedaron sin la tarjeta sanitaria y para los demás –menos visibles y en supuestos muy específicos– no había excepciones.

Los ‘otros’ excluidos son los ascendientes reagrupados por sus familiares (la mayoría ancianos), las personas con permisos de residencia por circunstancias excepcionales y sin trabajo, y muchos migrantes rumanos con permiso de residencia, entre otros grupos que destaca el informe de Yo Sí. El INSS (rebautizado como ‘Instituto Nacional de Segregación Sanitaria’ por el colectivo) centraliza la concesión de las tarjetas sanitarias y, al ser un organismo estatal, su actuación se deja notar también en las comunidades insumisas al decreto del Gobierno (como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, entre otras) y las que decidieron ampliar las excepciones para inmigrantes irregulares con programas sociales (Galicia) e instruciones (Madrid).

«Hoy sigue habiendo exclusión sanitaria a nivel estatal, en comunidades con normas o instrucciones para evitarla, como en Madrid, Valencia o Jaén por ejemplo», lamenta Marta Pérez. La Xunta de Galicia, por ejemplo, creó un sistema de protección para dar sanidad a inmigrantes en situación irregular y sin recursos (que justificaran más de seis meses de residencia) al que no se pueden adherir los migrantes con papeles. En la ley ‘que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la comunidad valenciana’ se menciona específicamente el supuesto de los inmigrantes sin papeles, pero no al resto de colectivos.

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