La instalación de cámaras en un instituto reabre el debate sobre su uso

Cuando los alumnos del instituto público Joan Brudieu de La Seu d’Urgell (Lleida) regresaron de sus vacaciones de Navidad en enero se encontraron con un nuevo cartel: “Zona videovigilada” en un aula donde se supone que asistían estudiantes conflictivos. Al menos, ese fue el argumento esgrimido por la dirección, que ya había instalado cámaras anteriormente en los espacios comunes, pasillos, laboratorio y sala de ordenadores para evitar robos y vandalismo. Las del aula no llegaron ni a encenderse. Ante el revuelo mediático, el manifiesto de la Asociación de Estudiantes del centro ─que mentaba a George Orwell y su 1984 en cuanto al “abuso y ostentación de poder”─ y el toque de atención del Departament d’Ensenyament, el instituto decidió retirar el dispositivo. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con el director del centro para conocer su versión de los hechos. El instituto se remite a un escueto comunicado público en el que señalaba que, tras reconsiderarlo, la cámara había sido desinstalada.

Más allá de la anécdota, la medida reabre el debate sobre la legitimidad y conveniencia de emplear este tipo de cámaras en los centros de enseñanza. ¿Sería justificable controlar a docentes, alumnos, personal administrativo e incluso padres que sean captados por las cámaras, para evitar el mal comportamiento de algunos estudiantes? ¿Y en los casos de acoso reiterado sobre un alumno o profesor?

Aunque los datos del último Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en 2010 señalaban que la convivencia general es buena en las aulas españolas, lo cierto es que en siete años la situación puede haberse deteriorado y no existen informes recientes sobre la situación real en clase. Diversos expertos aportan su visión sobre los sistemas de videovigilancia en los centros escolares.

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