El comedor como parte de la escuela inclusiva

Que a los primeros a los que golpeó la crisis económica y social fue a los que peor lo pasan es algo compartido. La emergencia social que viven miles de personas en nuestra comunidad es acuciante. La falta de empleo, la precariedad para llegar a fin de mes, el empobrecimiento de las clases populares es una realidad a la que dar respuesta por justicia social, porque debemos estar a la altura de las necesidades de nuestros pueblos, de la sociedad que queremos ser y no dejarnos a nadie en el camino. Sí, en Aragón hay miles de familias que están en esta situación, familias con personas a cargo, menores, dependientes, a las que les atraviesa el paro, la falta de ingresos y la exclusión social. Familias aragonesas que deben elegir entre pagar la luz o poder comer carne una vez a la semana, niños y niñas aragoneses para los que su única comida segura al día es la que reciben en el comedor escolar. En una comunidad como la nuestra, en la que los indicadores sobre pobreza infantil se mantienen dolorosamente altos, las instituciones que representan a la ciudadanía no pueden mirar hacia otro lado.

Podemos logramos cambiar la legislación para que los criterios de acceso a las becas de comedor no dejen fuera a ninguna familia que necesite ver cubierto este servicio. Lo pusimos como condición para que el PSOE entrara al Gobierno de Aragón después de los recortes salvajes del Partido Popular que afectaron, también, a los más vulnerables. Nuestra exigencia fue recogida en la ley de emergencia social aprobada en 2016. Pero, pese a que aseguramos cuantías suficientes para cubrir las becas de comedor escolar a todos los niños y niñas que lo necesitan, lo cierto es que siguen sin llegar a todos. La ley no se está aplicando.

Acabar con la brecha de la desigualdad es un compromiso que no debe morir en los programas electorales ni en las letras de las leyes. Los derechos no se vuelven menos derechos cuando se pasa del papel a la gestión de lo público. El Gobierno de Aragón sigue empeñado en no reconocer las becas como derecho esencial, lo que implica no reconocer a niños y niñas que están en clara desventaja social, temporal o permanente; niños y niñas en situación de pobreza a los que la igualdad de oportunidades y el derecho a recibir una educación en igualdad de condiciones no está garantizado por los poderes públicos. Esto supone que en los 28 colegios con un mayor porcentaje de becados, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha denegado 1.047 solicitudes de beca en el curso 16-17.

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