España, a la cola en esfuerzo contra la pobreza de los países desarrollados

Varapalo para España de la mano de Oxfam Intermón. El nuevo índice con el que esta ONG quiere medir el compromiso de 152 países en la lucha contra las desigualdades deja al Gobierno de Mariano Rajoy en la parte baja de la clasificación de los Estados ricos. De los 35 miembros de la OCDE, España aparece en el puesto 24, lastrada sobre todo por los problemas del mercado laboral —un bajo salario mínimo, por ejemplo— y un insuficiente sistema tributario.

“Este es un momento decisivo para la historia de la humanidad. Los líderes mundiales se comprometen a acabar con la pobreza en todas sus formas”. Con estas solemnes palabras pronunciadas en septiembre de 2015, Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, presentó los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se fijaban como primer objetivo acabar con la pobreza extrema en 2030. Dos años después, Oxfam Intermón se ha propuesto evaluar el camino andado desde entonces.

La ONG ha elaborado un índice que evalúa el esfuerzo de 152 países de todo el mundo por acabar con la brecha entre pobres y ricos. Esta clasificación no solo deja a España en mal lugar. Los autores del informe, elaborado con la consultora especializada en desarrollo y pobreza Development Finance International (DFI), sostienen que tres cuartas partes de los Gobiernos del mundo hacen menos de la mitad de lo que está en su mano para combatir la desigualdad.

“La baja puntuación de España se explica sobre todo por su mercado laboral. Le penaliza mucho tener un salario mínimo bajo en relación a su PIB per capita, que le sitúa en el puesto 98 de los 152 países. Y además está combinado con altos niveles de desempleo. También sale mal parada en la protección de los derechos laborales para las mujeres”, asegura en conversación telefónica Íñigo Macías, coordinador de Investigación de Oxfam. Los autores del informe acusan también a los gobernantes españoles de no impulsar una política tributaria suficientemente progresiva; y de su incapacidad para recaudar los fondos necesarios para una inversión pública capaz de financiar políticas sociales que estrechen la brecha social.

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