La lucha por los sentidos del derecho a la educación

Vivimos una disputa intensa sobre los sentidos, valores y prácticas de la educación. Siendo una actividad inherentemente política, la educación no puede ser inmune o indiferente a los conflictos que se plantean acerca de sus funciones y de los fundamentos que la definen como derecho humano. Aunque ciertas nociones parecen tener aceptación universal (la “calidad educativa”, la “universalización de la escuela”, la “mejora de las prácticas docentes” o la necesidad de “evaluar” los sistemas escolares), todas encierran un profundo debate, intensas controversias y, muchas veces, multitudinarias movilizaciones acerca de los significados y facultades que corresponden a cada una de ellas. Lejos del consenso y de la unanimidad, la orientación que asume la práctica educativa y la promoción del derecho a la educación, se ha vuelto un campo de batalla cuyo resultado es hoy incierto y preocupante. La defensa y la transformación democrática de la escuela pública está en juego.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General Nº 11, afirma que la educación “se ha clasificado de distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho cultural. [Pero ella] es todos esos derechos al mismo tiempo. También es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”.

Durante los últimos años, los debates que tuvieron lugar alrededor de la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular del Objetivo 4 dedicado a la educación, así como de la definición del Marco de Acción de la Agenda de Educación 2030, ambos adoptados en el 2015, pusieron de relieve un conjunto de querellas y disensos que antecedían a esas negociaciones.

En efecto, la Estrategia Sectorial de Educación 2020 del Banco Mundial lanzada poco antes del inicio de las negociaciones sobre los ODS, ya daba pistas sobre las grandes disputas que marcarían la agenda del debate educativo durante los años siguientes. El documento Aprendizaje para Todos, publicados en el 2011, sostenía que el foco central de los sistemas educativos debía ser el aprendizaje de algunas habilidades y particularmente la medición de estos aprendizajes, tomando como base pruebas estandarizadas internacionales y como horizonte el crecimiento económico.

El desplazamiento semántico de Educación para Todos (estrategia liderada por la UNESCO junto a otras agencias del sistema de Naciones Unidas desde 1990) hacia Aprendizaje para Todos, subrayaba así una disputa de liderazgo y de paradigma por parte del Banco Mundial y sus aliados. Aunque es innegable que aprender resulta fundamental y es una de las condiciones ineludibles para que la educación sea un derecho efectivo, el énfasis sobre las pruebas estandarizadas y la medición de algunos resultados específicos, comenzó a distanciarse del debate, la fundamentación y los propósitos enunciados históricamente por la UNESCO y establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

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