Educación pública: ¿excelencia o equidad?
Hace días en la entrega de los Premios Extraordinarios de las distintas etapas educativas de la Comunidad de Madrid (Premios EXCELENCIA) por su presidente, Ángel Garrido, uno de los galardonados, el joven de 19 años Francisco Tomás y Valiente, nieto del profesor y jurista asesinado por ETA, alumno elegido para dar el discurso de entrega de los premios, criticó las deficiencias del sistema educativo con un contundente alegato y, de paso, al sistema educativo madrileño. Con estas palabras cuestionaba el galardón que se le otorgaba: “La prioridad no podemos ser aquellos que obtenemos resultados considerados como excelentes, sino aquellos que tienen más dificultades”. “La calidad educativa -añadía- no puede reducirse a la excelencia académica. La calidad educativa comporta otro elemento esencial, más allá de la excelencia académica, la equidad”. “Sería injusto no recordar que no solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados, sino muy especialmente, quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas, en ocasiones, con problemas familiares, aprietos económicos o dificultadas de aprendizaje. No podemos permitir que el olvido de nuestra suerte presida esta celebración”. Una enorme ovación apoyó sus palabras. Preguntado alguno de sus profesores sobre el perfil académico de este brillante alumno, ésta fue su sintética respuesta: “Esfuerzo, talento y compromiso”. Es difícil encontrar mejor respuesta. El esfuerzo es imprescindible; el talento, importante; pero ambos sólo sirven si hay compromiso.
Posteriormente, en una entrevista en “El Intermedio” para la Sexta, el joven premiado dio una lección magistral al reivindicar la equidad en la educación. “Lo que yo dije es un principio que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico; la equidad tiene que ser un principio rector de la educación pública, pues quien tiene más dificultades debe recibir más ayudas”; y añadía, “la educación no es la simple transmisión de conocimientos: pretende formar ciudadanos críticos”.
Las palabras de este prometedor estudiante y amante de la filosofía, como él mismo manifestó, me traen a la memoria esa recurrente reflexión sobre calidad, equidad y excelencia en el sistema educativo. Nadie duda y todos lo afirman que la educación, si quiere y pretende ser tal, debe ser de calidad. Pero el matiz está en diferenciar excelencia y equidad. Cuando comparamos ambos conceptos, nos referimos fundamentalmente a las enseñanzas obligatorias, incluida la formación profesional básica. En la enseñanza postobligatoria: bachillerato, Formación Profesional Específica (grado medio y superior), enseñanzas artísticas y universidad, la especialización (y, por tanto, la excelencia), adquiere una importancia que no se puede aplicar en las etapas obligatorias. Hace pocos días, en Nueva Tribuna, José María Agüera Lorente, en su artículo “Equidad, meritocracia y educación pública”, aportaba como reflexión que sólo la educación pública puede desde la equidad erosionar el mito de la meritocracia y lo justificaba con dos interesantes citas; unas palabras de Daniel Cohen en su libro “Homo economicus”, para quien “la educación es un pasaporte para la vida, pero también aquello que tiende a reproducir de la manera más cruel las desigualdades de nacimiento…”; en la otra, defendía que la educación pública es el instrumento necesario para la consecución del bien común. Lo argumentaba aplicando la teoría del “velo de ignorancia”, de John Rawls, construcción teórica o “ideal” que debería guiar toda acción política: es deseable que los representantes públicos diseñen sus diferentes políticas en función de criterios de equidad y eficacia sin considerar las diferentes motivaciones e intereses de los grupos de poder que puedan ser cercanos a dichos gobernantes.
Este modelo de gestionar la educación es lo contrario al diseño de las políticas públicas españolas que en los últimos años parecen haber estado guiadas por los intereses privados y particulares de importantes lobbies o grupos de poder; es decir, la evidencia de lo vivido en estos años, también en la educación, parece que el interés general y el “bien común” no han sido los elementos prioritarios a la hora de ejecutar las acciones públicas del gobierno, sino a la promoción de los intereses de las grandes empresas y la mejora de su posición en el mercado asumiendo con cinismo que el bien de las principales empresas es directamente proporcional a la mejora del bienestar de la ciudadanía española.
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