Nacidos en España, pero sin derecho a voto: la situación de algunos hijos de inmigrantes

Safia El Aaddam nació hace 23 años en Tarragona y se considera una persona con inquietudes políticas. Sin embargo, no podrá votar ni en las elecciones generales, ni en las europeas, ni en las autonómicas catalanas, ni en las municipales de su ciudad. «Años residiendo aquí y cumpliendo con mis deberes, pero sin los mismos derechos», lamenta Safia.

La razón es que, pese a haber nacido en España, Safia carece de nacionalidad española, un requisito indispensable (salvo algún caso que veremos más adelante) para ejercer el derecho al voto. Según el Código Civil, para obtener la nacionalidad en el nacimiento no basta con haber nacido en territorio español, sino que es necesario que uno de los progenitores tenga la nacionalidad, que ambos sean apátridas o que se desconozca la identidad de ambos. No es ninguno de los casos de Safia. En términos jurídicos, a diferencia de otros países, en España se impone el «derecho de sangre» sobre el «derecho de suelo».

Según los datos del INE, recogidos por el Anuario de la inmigración 2018 del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), en España hay unas 520.000 personas que, como Safia, poseen nacionalidad extranjera pese a haber nacido en España.

Safia empezó el proceso para dejar de ser considerada «residente» y obtener la nacionalidad española a los 18 años, después de ver cómo sus amigos acudían a las urnas pero ella no. Es solo una de las limitaciones que implica su situación. Además del voto, la nacionalidad española también le permitiría gozar de los derechos que poseen los ciudadanos de la Unión Europea, marcharse de Erasmus o presentarse a una oposición, entre otras cosas.

Aunque Safia cumple con los requisitos para solicitar la «nacionalidad por residencia», que en su caso concreto son un año de residencia legal, buena conducta cívica y suficiente grado de integración, aún no lo ha conseguido. No es un caso único. Según los datos del Ministerio de Defensa y del Defensor del Pueblo, en 2017 había 400.000 personas pendientes de obtener la nacionalidad.

Pese a que en 2015 entró en vigor el registro telemático, una medida que prometía agilizar el proceso de obtención de nacionalidad, lo cierto es que no ha obtenido los resultados esperados. El proceso se alarga varios años. Muchos afectados creen que, más allá de las cuestiones informáticas, detrás de estos retrasos hay una falta de voluntad política.

Leer el resto del artículo en El País.