Rebelión en el Mediterráneo: los barcos de rescate plantan cara a las prohibiciones de los Gobiernos

Los primeros rayos del sol entran por las ventanas de la cocina. Amanece en el Mediterráneo central. Hacía más de seis meses que el Open Arms no surcaba estas aguas. Huele a café recién hecho y Saverio, el encargado de los fogones del barco, está ya ayudando a preparar los desayunos para los voluntarios y la tripulación. Este romano de 35 años se embarcó hace unos días en Nápoles «para ayudar a las personas que salen a la mar en este periodo tan complicado».

Detrás de estas palabras está el cúmulo de restricciones a las ONG que salvan vidas por parte de los Gobiernos. Solo una de ellas sigue en el mar: Proactiva Open Arms. La alemana Sea Watch, tras permanecer dos semanas frente a la isla italiana de Lampedusa, decició desembarcar con 40 rescatados.

Tras medio año sin desplegar su misión de rescate en las aguas que unen Italia y Libia, el barco la ONG catalana levó el ancla el pasado 26 de junio desde la localidad italiana para regresar al Mediterráneo. Lo hacían desafiando la prohibición del Gobierno español, que les ha impedido expresamente llevar a cabo tareas de salvamento en la zona, para lo que lo mantuvo bloqueado durante más de 100 días en el puerto de Barcelona. «No aguantamos más, nos vamos. Antes presos que cómplices», anunciaba Òscar Camps, director de la ONG catalana, en Twitter.

Terminaba así un periodo protagonizado por la incertidumbre y la falta de comunicación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que solo se ha manifestado a través del Director General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Tras el mensaje de Camps, el buque ha recibido varias cartas en las que el Director General recuerda que «no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable de la región de búsqueda y salvamento (zona SAR) donde se navegue, y siempre bajo la coordinación de dicha autoridad», según puede leerse en una de las misivas, a la que ha tenido acceso eldiario.es. También, les impiden «efectuar navegaciones con el propósito» de llevar a cabo tareas de salvamento «u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones» si no cuentan con permisos con las autoridades correspondientes, es decir, Italia o Malta.

¿A qué se pueden enfrentar si no lo cumplen? Según les comunica el Director General en el documento, «los incumplimientos (…) que se deriven del contenido de esta comunicación constituirán infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo», que podrían suponer cada una de ellas «multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente». La última carta la recibieron hace dos días.

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