El mito del «ahorro» de dinero público con la concertada encubre un sistema que favorece la desigualdad

Lo repite sin cesar la Conferencia Episcopal Española (CEE). Lo amplifican los medios de comunicación y grupos de presión afines a las posiciones de la jerarquía católica. Y ha terminando comprando la idea el PP. ¿Qué idea? Que la educación concertada, católica en más de un 60%, erigida en el gran espacio de poder e influencia de la Iglesia católica ante la secularización social, supone de rebote un ahorro milmillonario a las arcas del Estado. Esta propaganda circula sin descanso a pesar de que la educación concertada, que consume más recursos públicos cada año desde 2014, rompió su techo de financiación estatal en 2017 con 6.179,44 millones dedicados a su funcionamiento, pese a que el gasto público educativo sigue por debajo de los niveles precrisis. Los defensores de esta idea –que el gasto en financiar colegios privados con dinero público, lejos de suponer una merma de los recursos dedicados a la educación pública, supone un ahorro para la misma– afinan cada año su argumentario y varían la cifra del supuesto ahorro, que se mueve entre 2.500 y 5.000 millones. Pero, mirados con lupa, estos datos no sólo no ofrecen una imagen fiel de la relación entre la educación pública y la concertada, sino que la distorsionan, al ignorar factores clave como el entorno social de los centros y los gastos que se ven obligadas a hacer las familias, a su vez causantes de desigualdad.

«La concertada», señala el sociólogo Xavier Bonal, «genera mayor segregación» y «la segregación tiene elevados costes a medio y largo plazo«. «Así que un cálculo bien hecho es posible que demuestre que los costes sean mayores que los beneficios», añade. Ese cálculo no existe. Lo que sí existe, en cambio, es una torrencial emisión en sentido opuesto, que se produce en un contexto de creciente protagonismo en el sistema público de la concertada, favorecida a su vez por la Lomce.

Miles de millones

La Iglesia católica, una organización ramificada en miles de terminales, depende del Estado para su supervivencia. Su estructura y actividad no podrían sostenerse sin la asignación vía IRPF para pagar los sueldos de curas y obispos, las exenciones fiscales, la opacidad de sus cuentas, los conciertos educativos y sanitarios, los sueldos de los capellanes carcelarios y hospitalarios, las subvenciones a sus múltiples organizaciones… Ante esta situación, que podría considerarse una vulneración de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976-1979, la jerarquía católica ha optado por un discurso según el cual la Iglesia devuelve al Estado más de lo que recibe. «Cada euro que se invierte en la Iglesia redunda casi cinco veces en la sociedad«, ha llegado a afirmar el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, que cita por ejemplo la atracción que ejerce el patrimonio eclesial para el turismo, principal sector económico español.

Leer la noticia completa en Infolibre.