Docentes en el punto de mira

Primero vinieron es un conocido poema atribuido a Bertolt Brech que en realidad es de un pastor protestante alemán, –Martin Niemöller. Tata de la persecución nazi de diferentes colectivos tras el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Comunistas, judíos, sindicalistas… «Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para hablar por mí». Así termina.

Tal vez sea excesivo para el contexto español actual, comparado con la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera recuerda a lo que se vive desde hace años en España.

Con los gobiernos de Esperanza Aguirre, cuando Lucía Figar era consejera de Educación en la Comunidad de Madrid, durante las protestas de la Marea Verde provocadas por los recortes presupuestarios y de personal en la escuela pública de la región, se hizo campaña desde la propia Administración educativa para desacreditar al profesorado en su conjunto. Un ejemplo fue el uso de los resultados de algunos de los exámenes de las oposiciones. La idea parecía clara, dejar en mal lugar al colectivo por los errores de algunos.

Tiempo después llegó el 1 de octubre en Cataluña y el referéndum organizado en la Comunidad y que el Gobierno de Rajoy intentó eliminar del mapa a base de Policías Nacionales y Guardias Civiles enviados para neutralizarlo. Tras todo lo ocurrido en dicha jornada vinieron las denuncias contra docentes catalanes por adoctrinamiento en favor de la independencia y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El pasado día 12 se conocía el archivo de la causa contra tres docentes del Institut La Pau, de Sant Andreu de la Barca, por presuntas humillaciones a los hijos de algunos guardias civiles matriculados en el centro. Otros seis profesores del centro ya habían visto la causa contra ellos archivada hace más de un año.

Hace tres semanas, el programa Skolae, de igualdad y educación afectivo-sexual puesto en marcha por el anterior Ejecutivo navarro, había de acudir a los tribunales ante las denuncias de dos asociaciones de familias católicas por lo que entendían que era un contenido ideológico y polémico.

La pasada semana llegó el nuevo foco. Vox, en la Comunidad de Madrid, quiere conocer los datos personales de quienes han impartido talleres y cursos en centros educativos (y en qué centros) sostenidos con fondos públicos desde 2015. Tal vez sea como dice el líder de Cudadanos en la Comunidad, que el partido de extrema derecha tiene derecho a pedir la información que le parezca pertinente. Aunque desde COGAM, la entidad señalada, se entiende que es una medida de presión y amedrentamiento hacia quienes defienden los derechos fundamentales del colectivo LGTBI+ en las aulas.

Leer el artículo completo en El Diario de la Educación.