Adiós a la LOMCE: la nueva ley educativa resta peso a Religión y a la concertada, pero no prohíbe la segregación por sexo

Un año después del primer intento, el Gobierno ha vuelto a aprobar en el Consejo de Ministros su reforma educativa. Este segundo intento –el primero tuvo carácter simbólico, fue el mismo día que se disolvieron las cortes tras convocar elecciones– debería ser el bueno para que definitivamente el Congreso apruebe la ley destinada a sustituir a la LOMCE, la norma que aprobó el PP en solitario y que pese a haber «nacido muerta», según dijeron todos los grupos políticos, ha gozado de sus buenos siete años de vida.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado tras el Consejo de Ministros que uno de los principales objetivos de la ley es que no haya segregación del alumnado, que el mayor esfuerzo debe estar en el ciclo del 0-3 y que «la enseñanza personalizada será el corazón de la ley» (¿con qué fondos y medidas?, se preguntan los docentes).

Pese a que las circunstancias políticas han cambiado desde que se aprobara la ley el año pasado, el Gobierno ha presentado el mismo texto para evitarse el trámite que exige todo proyecto de ley previo a su aprobación, como el periodo de alegaciones y los preceptivos informes de los organismos públicos correspondientes y que retrasarían el proyecto varios meses.

Será durante el trámite parlamentario cuando se debatan las modificaciones que propongan los distintos grupos políticos. El Gobierno tendrá que dar satisfacción a alguno de ellos, toda vez que, como ocurrirá durante toda la legislatura, necesita apoyos: con toda probabilidad de los mismos partidos que le dieron la investidura.

El Ejecutivo deberá moverse rápido si quiere que la ley entre en funcionamiento para el próximo curso. Los plazos que exige el trámite parlamentario de una ley orgánica como esta ya ponen en cuestión que Educación vaya a poder aprobarla a tiempo de que entre en vigor para el curso 2021-2022. Una ley necesita de unos tres meses para todo el periplo, y los colegios empiezan a planificar el próximo curso hacia mayo. Ya en este momento se duda de que haya tiempo: si el debate se enreda en el Congreso o Senado, no llegará en plazo.

La ministra Celaá se ha fijado como objetivos reducir el abandono y aprobar la tasa de titulados, para lo cual flexibilizará la repetición y la estructura de itinerarios para los alumnos. Religión perderá peso, se reajusta la división curricular entre Ministerio y Comunidades Autónomas y se revisarán un par de elementos del sistema de conciertos, como es el concepto de «demanda social».

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