La urgencia social del coronavirus: una oleada de pobreza invisible

Una vivienda de Madrid. Al titular del contrato de alquiler, el estado de alarma le ha llevado a un ERTE y, por tanto, se acoge a la moratoria de pago de mensualidad. Hasta ahí, las medidas del Gobierno han cubierto parte de sus carencias. Lamentablemente, no es el final de la historia: el inquilino subarrienda a su vez ilegalmente dos habitaciones a dos familias, pero tiene miedo al contagio así que las echa a la calle al primer estornudo. Un desahucio invisible. “Eso está pasando. Y con familias con menores a cargo”.

Los servicios sociales públicos y el tercer sector (las ONG) alertan: junto a los fallecidos y a la presión del personal sanitario, hay una tercera pata en la tragedia en la crisis del coronavirus: la pobreza y la exclusión social están aumentando y las dificultades de la población que ya estaba en esa situación se agravan.

El tamaño de la oleada de pobreza que viene se desconoce aún, no ha habido tiempo ni medios para cifrarla, pero existe y la administración y las ONG coinciden en la urgencia por atenderla.

“Se ha hecho mucho con la emergencia de personas sin hogar, pero hay una segunda oleada: mujeres, hombres, jóvenes y familias que se van a quedar sin un lugar donde vivir. A los desahucios de alquileres se va a sumar un desahucio invisible que no puedes demostrar legalmente: te echan de tu habitación”, explican desde EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).

Las ONG describen que la población fuera del radar burocrático, que intenta por primera vez acceder a unos servicios sociales, encuentra una complicada situación en la que no hay atención presencial, sino telefónica o telemática. “Tramitar una Renta Mínima de Inserción (400 euros en la Comunidad de Madrid) se vuelve muy complicado”, explican sobre un trámite que la plataforma ciudadana RMI Tu derecho calificaba ya como un “laberinto”.

Según los datos del INE de 2018, el 5,4% de la población tenía privación material severa, el doble del porcentaje que había en 2008. Un indicador de que la salida de la anterior crisis no fue limpia y una alarma de los peligros que supone la entrada en una nueva crisis.

Las dos primeras respuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en coordinación con las Comunidades Autónomas fueron el reparto de 25 millones para asegurar las becas comedor y otros 300 millones para reforzar los servicios sociales (cuyas competencias son autonómicas y municipales) en personal o material de protección. Y, en general, los propios municipios han reaccionado rápido para atender a las personas sin hogar.

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