Más de cien organizaciones piden al Gobierno la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles

«El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual». Así justifican más de un centenar de colectivos y organizaciones de personas migrantes en España su petición al Gobierno de una regularización extraordinaria.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al vicepresidente Pablo Iglesias; a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; al ministro de Ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá; al de Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, las organizaciones solicitan una regularización «urgente, amplia y extraordinaria» de la situación administrativa de los extranjeros en situación irregular, que cifran en unos 600.000 en todo el país.

Según argumentan, la situación de desamparo de este colectivo les hace imposible afrontar las consecuencias económicas y sociales del confinamiento decretado por el Ejecutivo para luchar contra la pandemia del coronavirus, ya que no pueden acceder a ninguna de las ayudas puestas en marcha.

«Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo», aseguran los colectivos, entre los que se encuentran SOS Racismo, Alianza por la Solidaridad o Servicio Doméstico Activo. Exigen una «regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria» debido al «agravamiento» de sus condiciones de vida.

«Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos los políticas  que nos sitúan en condición de no derecho, nos racializa y nos invisibiliza», expresa la carta, difundida este lunes a través de redes sociales.

Entre sus demandas, además de la regularización, piden las «resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio», la liberación de las personas internas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y CETI de Ceuta y Melilla, la anulación de los expedientes de expulsión abiertos, el final de las identificaciones por perfil étnico y un «sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta» para los menores migrantes tutelados por las comunidades autónomas.

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