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En Euskadi, la población migrante aporta casi el doble de lo que recibe de las instituciones públicas
Publicado el 01 Jun 2020
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El consumo familiar de la población extranjera en Euskadi en 2018 aportó a la economía vasca 810 millones de euros más de lo que recibió por parte de la administración pública. Un impacto positivo que representa el 2,06% del PIB vasco.
El estudio “La aportación de las personas de origen extranjero en la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del PIB. Una aproximación desde el lado del gasto”, realizado por el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi y la consultora de análisis social Cultumetria, rompe con la creencia de que la población inmigrante recibe más de aquello que aporta a la economía de Euskadi.
El trabajo estima el impacto que supone la actividad económica de la población de origen extranjero en la CAE a través del PIB desde la perspectiva del gasto en el año 2018. La aportación económica de la población migrante en dicho año se ha cifrado en 1.525.292.820 euros. Por su parte, la suma de las partidas dedicadas por la administración pública a través de gasto público en áreas de —prestaciones sociales, sanidad, educación y vivienda— ha ascendido a 714 millones de euros.
Cálculo pormenorizado
Para calcular la aportación económica de la población migrante, los investigadores han empleado la Encuesta del Gasto familiar de Euskadi del EUSTAT y la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2018. El importe de gasto mensual de los hogares extranjeros en Euskadi en 2018 ascendía, de media, a 1.565 euros, con un número de familias de 81.219 unidades convivenciales que realizaban un gasto total conjunto de 1.525.292.820 euros.
La base para el cálculo del gasto de la administración pública vasca ha sido el análisis de la información pública de diferentes organismos del Gobierno vasco: departamentos y sociedades públicas de Vivienda, Educación y Salud y el servicio vasco de empleo, Lanbide.
En relación a las prestaciones sociales, la partida que más inversión requiere, los investigadores la han calculado en función de la parte proporcional de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como de las Prestaciones Complementarias de Vivienda y el acceso a los Servicios Sociales. La cantidad alcanza más de 300 millones de euros.
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