La mercantilización de la educación pública en España tras la COVID-19

Los cambios culturales desatados por la mayor crisis sanitaria del último siglo alcanzan su máxima expresión en la palabra “digitalización”. Especialmente en torno a la educación, las empresas se han servido de los desarrollos recientes de las tecnologías digitales para avanzar en el proyecto neoliberal de mercantilización de los bienes comunes del conocimiento y privatización de los servicios públicos.

Mitad asombrados por la potencialidad que tienen técnicas como el machine learning para introducir el mercado laboral en la psique del alumnado, mitad abrumados por la incapacidad de incrementar el gasto público, los tecnócratas que ocupan puestos relevantes en la jerarquía del Estado se han abandonado a la ideología de los profetas de Silicon Valley a la hora de diseñar políticas públicas.

El ejemplo más reciente puede encontrarse en la decisión del Ejecutivo de prestar a los centros más vulnerables de distintas comunidades hasta 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a Internet a lo largo del primer trimestre del curso 20-21. De acuerdo a lo establecido en el convenio firmado entre los ministerios de Educación y Asuntos Económicos y Red.es para el desarrollo del programa Educa en Digital, la cuantía que se destinará a las escuelas para ‘digitalizar’ la educación será de 260 millones de euros.

Asimismo, junto a estos convenios, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, señaló que se pondrá en marcha una Mesa para la Digitalización de la Educación con el fin de coordinar la colaboración entre el sector público y privado: «Conocemos el gran interés de las empresas por implementar toda la digitalización en el ámbito educativo”.

Durante las últimas décadas, e impulsadas mayoritariamente por el sector financiero, las asociaciones público-privadas (PPP, por sus siglas en inglés) se han presentado como métodos de adquisición eficientes con el objetivo de lograr una mejor relación calidad-precio de los servicios para los contribuyentes. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones como la de Alessandra Cepparulo, la complejidad de este mecanismo, su falta de transparencia y las responsabilidades implícitas (no explícitas) de las empresas hacen que a menudo sea imposible percibir la cantidad de gasto público involucrado y el impacto positivo a largo plazo sobre los contribuyentes, lo cual termina paradójicamente convirtiendo a las PPP en medios más costosos que la financiación pública.

Al final, todo ello ha llevado a que la infraestructura digital básica gracias a la cual las instituciones educativas se conectan a Internet sea de propiedad privada. A mayor cantidad de usuarios conectados, más datos extraídos e información más precisa para ofrecer servicios privados de todo tipo a los centros públicos.

Las tecnológicas en el sector educativo

La actividad de las firmas de telecomunicación en el sector educativo español podrá servir como referencia del estado de la privatización de la educación en su era digital. La mitad de la facturación de la división de Huawei Empresas, que representa el 10% de la facturación total de la firma china en España, procede en buena medida de proyectos de la administración como el de Escuelas Conectadas de Red.es. Es el mismo que ha permitido a Telefónica liderar, con cinco comunidades autónomas (La Rioja, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha e Islas Baleares) y un importe acumulado de unos 100 millones de euros, el proyecto con el que el Gobierno pretende llevar la banda ancha de alta velocidad a más de 525 millones de estudiantes. Durante el confinamiento, esta empresa firmó un acuerdo con Google Cloud para, entre otras cosas, acelerar la transformación digital de la educación en España.

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