España ante el Pacto Mundial de las Migraciones

El Foro Regional de Europa y Norteamérica de seguimiento del Pacto Mundial sobre Migración ha tenido lugar la semana pasada con el objetivo de evaluar los avances del cumplimiento del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, firmado en Marrakech en 2018. Mientras los Estados europeos renuevan su compromiso con este Pacto, cientos de personas siguen muriendo en el mar como consecuencia de sus políticas y del cierre de fronteras.

Este acuerdo internacional parte de la concepción común de que “la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo globalizado” y marca 23 objetivos relacionados con las políticas de fronteras, la discriminación y el racismo, los planes de movilidad laboral y otros aspectos relacionados con los aportes de los migrantes en el desarrollo de los países. A pesar de tener un carácter “no vinculante jurídicamente”, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a respetar, proteger y garantizar los de todas las personas sin discriminación alguna.

Los Estados, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, universidades, redes y plataformas sociales han trabajado en el Foro sobre tres grandes ejes: la protección de las personas migrantes a través de medidas de gobernanza de las fronteras con un enfoque de derechos, el apoyo en su integración y su contribución al desarrollo, y asegurar que la llegada sea segura, ordenada y regular.

Uno de los grandes retos que se plantean es traducir los objetivos en compromisos concretos de los Estados, que pongan en el centro los derechos humanos. En este sentido España, como país firmante, debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de vigilancia de los Tratados de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como hoja de ruta para cumplir con los objetivos del Pacto.

Estos organismos ya han llamado la atención en reiteradas ocasiones al Estado español en cuestiones como la externalización de fronteras, las devoluciones sumarias o los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Por tanto, para trabajar hacia el cumplimiento del Pacto resulta imprescindible dejar a un lado políticas fundamentadas en la militarización, disuasión y externalización, la eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas, la brutalidad policial en las fronteras, o el pago a terceros países para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes como táctica de amenaza directa e impedir que lleguen a países europeos.

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