Beatriz Felipe Pérez: «Las empresas europeas han contribuido a las migraciones climáticas»

¿Qué se entiende por migraciones climáticas?

Son aquellas formas de movilidad humana que, directa o indirectamente, están relacionadas con los impactos de la emergencia climática, como la elevación del nivel del mar, el deshielo de los glaciares o las inundaciones, cada vez más intensas y frecuentes. No es solo el cambio climático el que las impulsa, sino que se dan en contextos vulnerables y también dependen de otros factores, como los políticos y económicos. La mayoría ocurren dentro de los países, aunque también hay casos de movilidad internacional y pueden ser permanentes o temporales. Las personas en situaciones de pobreza y las comunidades campesinas e indígenas las sufren más. Las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas en esos contextos.

¿Hay cifras fiables para cuantificar el fenómeno?

A pesar de que varias entidades, como el Banco Mundial, han intentado cuantificar el número de personas migrantes climáticas a nivel global, la realidad es que no existe una metodología unificada y los resultados han sido rebatidos duramente, sobre todo sobre las proyecciones apocalípticas, que han sido utilizadas por gobiernos negacionistas del cambio climático o para justificar políticas migratorias restrictivas. A mí me parecen fiables los datos del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno. En el 2019 hubo 24,9 millones (23.000 en España, el segundo país europeo) de nuevos desplazamientos por desastres, tres veces más que los asociados a conflictos y violencia.

¿Gozan de protección jurídica estos migrantes?

No, sin embargo, se están dando algunos progresos, como por ejemplo en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular o en la Declaración de Principios de Sídney. El Protocolo de Libre Movimiento en África Oriental permite que la ciudadanía se traslade antes, durante o después de un desastre entre los estados firmantes. Perú y Bolivia han incorporado referencias a las migraciones ambientales o climáticas en su legislación. Los instrumentos jurídicos existentes podrían adaptarse a esta realidad, pero se necesita una mayor voluntad política.

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