La #GuerraSucia del gobierno de Duque

#NosEstánMasacrando
47 personas han sido asesinadas en dos semanas de protestas masivas durante el Paro Nacional de Colombia, que empezó contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Las oenegés colombianas Temblores e Indepaz, contabilizan que, de esas muertes, 39 han sido a manos de la fuerza pública. A esta cifra hay que sumarle las 12 denuncias por agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, 963 detenciones arbitrarias (de nuevo, de acuerdo con los registros de Temblores ONG), 278 agresiones por la policía registradas entre el 28 y el 8 de mayo, y al menos 548 desaparecidos reportados entre el 28 y el 7 de mayo, según la información de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

A nivel político, hasta ahora las consecuencias inmediatas del Paro Nacional han supuesto la retirada de la reforma tributaria, llamada “Ley solidaridad sostenible”, que encendió la mecha de la protesta y la dimisión del Ministro de Hacienda y promotor del cambio impositivo, Alberto Carrasquilla. Pero la brutal represión policial, militar y paramilitar, así como los ataques de grupos autollamados “uribistas” a miembros de las guardias indígenas reportados en Cali, hacen cada vez más difícil ocultar las dinámicas de terrorismo de estado persistentes históricamente entre las fuerzas de seguridad colombiana. La lógica del enemigo interno guía el acercamiento de los gobernantes del país a la protesta y la movilización ciudadana, cinco años después de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP.

#ParoNacionalColombia
La última ola de protestas contra las políticas neoliberales de Iván Duque empezó el 28 de abril de 2021, cuando inicio el Paro Nacional que buscaba hacer caer la Ley de solidaridad sostenible. De acuerdo al ahora exministro de Hacienda, la reforma fiscal “reflejaría una enorme solidaridad entre los colombianos que podemos aportar y los que necesitan recursos”, ya que la mayor parte del dinero se obtendría incrementando los impuestos a la clase media y alta del país, y se daría un subsidio mensual de 80.000 pesos (alrededor de 18 euros) a una persona en pobreza extrema, según Carrasquilla.

A la práctica, entre otras medidas, la nueva ley tributaria planteaba gravar los productos básicos con un 19% de IVA (Impuesto al Valor Agregado) para sanear las cuentas del estado, recaudando con el total de reformas hasta 23 billones de pesos entre el 2022 y el 2031 (unos 5 mil millones de euros), después de haberse endeudado durante la pandemia. Pese a que se planteaba que la población vulnerable pudiese ser compensada con una devolución del pago anticipado del IVA, diversos expertos aseguraban que este nunca se podría devolver de modo proporcional. Así, el rechazo social a la propuesta se ha fundamentado en denunciar que, en vez de adoptar otras medidas impositivas que gravasen la actividad de grandes empresas, la concentración inmobiliaria, la posesión de tierras o el patrimonio, el proyecto hacía recaer la mayor parte de la recaudación en la ciudadanía.

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