Pensar desde nuestras aulas en la interculturalidad y el derecho a la educación

Estamos a punto de finalizar un curso intenso, donde hemos confirmado que la pandemia ha azotado con mayor dureza a las personas en situaciones socioeconómicas frágiles y se han acentuado las brechas de la desigualdad.

Cada día, en nuestras aulas, las y los docentes afrontamos múltiples desafíos e intentamos con los recursos que disponemos diseñar estrategias capaces de garantizar bienestar y oportunidades al conjunto de nuestras chicas y chicos.

La educación es un derecho básico, reconocido tanto a nivel internacional, comunitario, gubernamental, como por las organizaciones de la sociedad civil, que ha jugado a lo largo de la historia un papel esencial en la mejora de las condiciones de vida de la población y ha sido clave para el ejercicio efectivo de otros derechos.

El artículo 27 de la Constitución, es el fundamento normativo del derecho a la educación en nuestro país, y establece tanto que toda persona tiene derecho a recibir educación, como atribuye la responsabilidad a los poderes públicos de garantizar dicho derecho, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados, entre otras cuestiones.

En esta misma línea, Naciones Unidas, dentro de su plan de acción, la Agenda 20/30, centra el cuarto objetivo de desarrollo sostenible en la educación y plantea como meta a lograr de cara al 2030, asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, estableciendo que debe ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

La educación ha tenido un papel determinante en la movilidad social de amplios sectores de la población en las últimas décadas. Sin embargo, los estudios e informes publicados señalan que este ascensor social tiene serias limitaciones y consecuencias diferentes en el acceso y desarrollo de las trayectorias educativas de chicas y chicos según sus características socio-económicas, culturales, étnicas o de origen.

Las aulas y centros educativos no son ajenos a lo que sucede en la sociedad, sino más bien todo lo contrario, todo lo que en ella ocurre tiene consecuencias para el ejercicio en el derecho de la educación y por ende en las oportunidades presentes y futuras de la infancia y juventud.

Las investigaciones alertan que en el ejercicio efectivo del derecho a la educación niños y niñas gitanas, de origen inmigrante o con diversas capacidades encuentran mayores obstáculos para su disfrute.

La igualdad y la equidad son valores fundamentales en nuestra sociedad, sin embargo, los datos destacan que existen importantes desafíos para garantizar la permanencia en igualdad de oportunidades en el sistema educativo del conjunto niñas y niños.

En las últimas décadas, a la hora de diseñar estrategias para desarrollar el modelo de educación inclusiva se ha destacado la importancia de afrontar la segregación, absentismo, el abandono temprano o desigualdad educativa siendo especialmente importante contemplar criterios que tengan en cuenta las desigualdades económicas, sociales o territoriales.

En ese sentido, desde AULA INTERCULTURAL, creemos que es necesario abrir espacios de reflexión para pensar desde nuestras aulas la interculturalidad y el derecho a la educación. Urge facilitar información, sensibilización, formación y artículos que posibiliten una reflexión profunda sobre los factores que están condicionando el derecho a la educación.

Los centros educativos, las chicas y chicos residen en barrios de pueblos y ciudades con unas series de características que son necesarias tener en cuenta para garantizar el derecho a la educación. Es fundamental abrir el foco, salir de las aulas para pensar en el derecho a la educación y su ejercicio efectivo. Es decir, se debe pensar en los factores económicos, sociales y culturales que afectan al acceso, permanencia y logros en el sistema educativo y que facilitan la posterior entrada, permanencia y condiciones del empleo en el mercado laboral. Necesitamos pensar la educación en relación a las brechas y determinantes sociales que están condicionando su ejercicio efectivo.

Además, es necesario también reconocer la diversidad de nuestra sociedad y repensar la construcción de la interculturalidad en nuestro sistema educativo.

La gestión democrática de una sociedad pasa por reconocer los desafíos y elaborar respuestas pertinentes. Para poder ejercer en la práctica los mismos derechos, y en concreto el derecho a la educación, es imprescindible reconocer, nombrar, de modo que se pueda conocer dónde y por qué se están produciendo las desigualdades y discriminaciones, a quiénes está afectando e incorporar políticas públicas que conduzcan hacia la garantía de una inclusión para todas y todos. Es imprescindible, impulsar el desarrollo de estrategias antirracistas para facilitar herramientas que garanticen trayectorias educativas en igualdad de oportunidades.