LEGISLACIÓN HISTÓRICA ESPAÑOLA DEDICADA A LOS GITANOS (INTRODUCCIÓN)
Antonio Gómez Alfaro

	La tradicional agrafia de los gitanos, propia de un pueblo itinerante, les impidió dejar constancia escrita de sus viajes y peregrinaciones. Los testimonios procedentes de los poderes públicos y de las poblaciones que mantuvieron con ellos seculares relaciones conflictivas no permiten realmente reconstruir su verdadera historia. El relato que de tales documentos resulta demuestra un radical rechazo demonizador, derivado en el mejor de los casos de una política empeñada en su disolución como grupo diferenciado. Al fondo del cuadro se adivinan los temores de la sociedad sedentaria hacia unos seres errantes cuya presencia rompía la normal rutina ciudadana y que parecían prolongar con exceso el tiempo del viaje penitencial que, para facilitar su entrada en la península, habían asegurado hacer a Compostela y otros lugares sagrados. Curiosamente, y de nuevo en esto es diferente España, los gitanos chocarían también aquí con el Honrado Concejo de la Mesta, aquella caracterizada institución que representaba los intereses de la ganadería trashumante de Castilla.
	"Nos hubiera gustado poder contar la historia de este pueblo tal como él la vivió, pero desafortunadamente la tradición oral no nos presta aquí ayuda alguna", escribe el hispanista Bernard Leblon en la introducción del probablemente más lúcido libro dedicado hasta el momento a los gitanos de España. Y añade: "Cuando despertamos las enormes masas de documentos que dormían en los archivos un sueño de pesadilla, lo que se nos aparece es el espectro multiforme de una persecución, y la historia que emana de esa montaña de papel es solamente la de los verdugos".
	Escrita esa historia, en efecto, por quienes tesoneramente pretendieron la reducción social de los gitanos, es verdaderamente ingente la documentación sobre ellos conservada en nuestros archivos, nacionales y locales, civiles y religiosos. Como punto de referencia baste decir que se promulgaron más de 250 providencias formales entre 1499 y 1783, según un informe sucesivo a esta última fecha, firmado por un magistrado de la Real Audiencia de Cataluña, siendo imaginable la cantidad de estudios y testimonios que exigió la elaboración, divulgación y cumplimiento de aquellas disposiciones. Sin lugar a dudas, demasiada literatura legal, administrativa, judicial, si tenemos además en cuenta que la población gitana a la que iba dirigida estaba integrada, a tenor del mismo documento, por unas once mil personas, el uno por mil de la población total española en aquellos tiempos. Actualmente, y aunque se carezca de estadísticas fiables, suelen aceptarse cifras que multiplican por quince, cuando menos, la antigua proporción.
	La historia de ese colectivo humano se viene estructurando tradicionalmente sobre la historia de aquella legislación, utilizando para esto la "Novísima Recopilación de las leyes de España" (1805), donde se recogieron once disposiciones históricas de especial importancia, amén de referencias marginales a algunas otras. Es así como empezó a hacerlo George Borrow (1803/1881) en el primer estudio moderno dedicado en 1841 a los gitanos de España, y como se ha continuado haciendo prácticamente sin solución de continuidad hasta hoy por sucesivos investigadores. El método ha servido para consolidar una visión "castellanizada" del tema, olvidando la existencia en los restantes territorios del "mosaico español" de un variado aparato legal diferenciado, por más que pueda hablarse de una "irradiación" del sistema castellano y, a partir del siglo XVIII, de providencias de aplicación general para toda la Monarquía. Antes o después, las particulares normas aprobadas en cada territorio acabarían por coincidir en unos puntos básicos:
	a) La confusión tipológica que, basada en una trashumancia radicalmente penalizada, mezcló a gitanos y "gitanoides", personas que imitaban "traje, lengua y modos de vivir", como dirán los más modernos textos legales.
	b) La distinción entre gitanos viajeros, rechazados sin paliativos, y gitanos sedentarizados, tolerados de alguna manera, aunque su reconocimiento siempre fuera precario y sujeto a imprevisibles arbitrariedades.
	c) La utilización de las galeras como universal destino penitenciario, originando su abolición en 1748 la adopción inmediata de las más dramáticas medidas sufridas por los gitanos en nuestro país.
	Estos puntos comunes de referencia no enmascaran en todo caso la política seguida en cada territorio hasta el punto de impedirnos adivinar las coordenadas de su especial psicología colectiva y la diferente incidencia de la cuestión a tenor de la demografía, las posibilidades laborales, la situación interior o fronteriza, etcétera. La tradicional preferencia de los gitanos por las zonas fronterizas, por ejemplo, obedeció inicialmente a la necesidad de contar con fáciles vías de escape cuando el rigor de la persecución arreciaba en un territorio determinado.
	En cualquier caso, debe subrayarse también la paradójica contribución de todo aquel profuso y repetitivo aparato legal en la marginación del grupo que intentaba "reducir", como no dejaron de advertir algunos espíritus sensibles. Los magistrados de la Real Chancillería de Granada aludirán en 4 de noviembre de 1784 al "miserable estado de ociosidad, infamia y desprecio con que los gitanos viven en la república", agregando esta observación memorable: "en cuya infeliz situación los han colocado las mismas providencias que justamente se han tomado contra ellos ".
	Preso en los calabozos inquisitoriales de Toledo, el licenciado Amador de Velasco redacta en 1576 un pliego de descargo donde puede leerse esta frase exculpatoria: "Y bien puede ser haya yo sido como los gitanos, que hacen los hurtos los vecinos, y échanselos a ellos". No se trata de una aislada opinión, pues en la documentación que guardan los archivos españoles pueden encontrarse otras de parecido tenor y, curiosamente, fechadas en diferentes épocas.
	A la "extinción" o "exterminio" de los gitanos se refieren con frecuencia las exposiciones de motivos de muchos textos legales para explicar la finalidad perseguida, y la trágica carga que tales palabras conllevan en nuestros días obliga al esfuerzo de ubicarlas en su contexto histórico. "La real pragmática ", dicen de la ley de 19 de septiembre de 1783 los magistrados de Oviedo en informe evacuado ese mismo año, "descubre en su fondo que su Majestad no quiere exterminar o aniquilar a los llamados gitanos, sino suprimir su nombre y rectificar sus costumbres". Este juego semántico permite comprender que, subrayando su propósito extintor o exterminador, el legislador pretendía últimamente disolver una forma de vida que consideraba inconveniente y deseaba controlar por todos los medios.
	A falta de unas creencias religiosas identificadoras, como era el caso de moriscos o judíos, esa forma de vida venía tipificada por la trashumancia y la dedicación a trabajos carentes de homologación social. No eran los gitanos, por tanto, una minoría "nacional", punto sobre el que insisten las disposiciones legales; eran, sencillamente, españoles, extranjeros también, amantes de la enrancia anómica, peligrosos sociales, cuando no delincuentes en particular.
	El discurso de la peligrosidad social será planteado con nitidez en la época ilustrada, en un intento de distinguir jurídicamente entre el castigo por una eventual comisión de delitos "particulares" y la aplicación de medidas de seguridad, si bien con carácter indiscriminado y predelictual. A partir de la providencia firmada en Madrid por los Reyes Católicos en 1499, la reducción de la "vida gitana" pasaría por la fijación domiciliaria y la dedicación a "oficios conocidos", es decir, a trabajos que permitieran conocer sus actividades laborales y, por ende, la procedencia de sus ingresos. Se trataba de una peculiar "ley de extranjería" que concedía un plazo para la normalización, confiando en que abandonarían el reino voluntariamente quienes rechazasen la permanencia tal como les era ofrecida, y disponiendo a tales efectos una progresiva punición: azotes, cárcel, expulsión forzosa, corte de orejas para identificación de los reincidentes.
	No tardará en tomar cuerpo formal la idea de que la proliferación de los grupos gitanos se debía al hecho de existir otros que estaban integrados por individuos de variada condición, nacionales y extranjeros, imitadores de su forma de vida, sus trajes y su lengua. El legislador se apresta a acabar con gitanos y "gitanoides", tipificados ya para siempre en las leyes penales como gitanos también, "vagamundos" unos y otros, cuyo aprovechamiento utilitario en las galeras del Estado dispondrá una pragmática castellana de 1539, al juzgarse materialmente imposible su expulsión. A imitación de esa pragmática, los restantes territorios irían introduciendo en sus legislaciones propias la pena de galeras, auténtica panacea penitenciaria durante dos siglos, hasta su abolición en 1748.
	Aherrojados sobre los duros bancos de aquellas frágiles embarcaciones, que condujeron hasta su inmarcesible cita de Lepanto, a los gitanos cabría un inesperado papel en las gestas bélicas del imperio hispánico. La apremiante necesidad de chusma sucesiva a aquella jamás vista "alta ocasión", obligará a Felipe II a circular instrucciones encaminadas a forzar la maquinaria judicial para acelerar el envío de galeotes, con referencias concretas a los gitanos. Convertidos una vez más en víctimas indiscriminadas, la forzada leva no distingue a quienes a costa de sacrificios y renuncias habían logrado un modesto lugar al sol en muchos pueblos. La situación se repetiría en la siguiente centuria, cuando resultó necesario atender una multitud de frentes en un inútil y desesperado intento de detener la implacable crisis que atenazaba a la ya claudicante Monarquía.
	El carácter selectivo de la pena de galeras, sólo apta para los varones en plenitud de vigor corporal, haría inevitable el furtivismo social y, llegado el caso, el enfrentamiento con las autoridades, para impedir una captura que dejaba desprotegido al grupo y perentoriamente abocados sus sectores más débiles, mujeres, niños, y ancianos, a la mendicidad y a la pequeña delincuencia famélica basada en el uso de la astucia y el engaño. El descabezamiento familiar sucesivo a la condena a galeras contribuiría, por otra parte, a reforzar el papel rector de los ancianos y a convertir definitivamente a las gitanas en vehiculadoras de las relaciones del grupo con la sociedad mayoritaria, por más que ello fuera al terrible precio de arrostrar inevitables descalificaciones en una época en que la reclusión hogareña de las mujeres constituía un valor casi sagrado.
	La ley de 1499 no había tenido en cuenta dos realidades subyacentes: la dificultad para la aceptación vecinal y la precariedad del mercado laboral; olvidaba también el hecho de que muchas familias continuaban obteniendo licencias particulares que respetaban su existencia viajera y frenaban con ello cualquier iniciativa persecutoria. Este punto va a ser objeto de sucesivas y continuas quejas encaminadas a prohibir la concesión de nuevas licencias y a considerar jurídicamente nulas las que se hubieran obtenido o pudieran obtenerse. En cualquier caso, debe subrayarse que la inicial libertad de elección domiciliaria y laboral implícita en la providencia madrileña de 1499, sería paulatinamente limitada por la legislación posterior, que fue cerrando un infernal círculo en torno a los gitanos.
	En efecto, se les vedará el establecimiento en pueblos de corto vecindario, por considerarlos carentes de un aparato policial y judicial suficiente para garantizar una vigilancia efectiva y una eventual punición de los "excesos" que se sospechaba cometerían los gitanos. En el reino de Valencia, la instalación vecinal quedaría prohibida en los "lugares de moriscos", a fin de evitar coaligaciones que las autoridades consideraban indeseables y de imprevisibles consecuencias.
	Por otra parte, el comercio ambulante, expediente económico consustancial de la vida trashumante, sería objeto de severas cautelas jurídicas antes de quedar totalmente prohibido; el año 1586 se estableció en Castilla una dramática presunción legal por la que se consideraban procedentes de robo todos los géneros y caballerías que llevasen a vender y cambiar sin testimonio notarial sobre su propiedad. Desde fecha muy temprana, sin embargo, las constituciones catalanas venían autorizando los desplazamientos comerciales a ferias y mercados siempre que no se efectuaran en grupo, sino solamente por los hombres, quedando mujeres y niños en los correspondientes domicilios. Fuertemente dificultada la supervivencia económica del grupo, no tardaría la expulsión morisca dispuesta por Felipe III en polarizar hacia los gitanos la atención de moralistas y politólogos, unánimes en el lanzamiento de indiscriminados juicios descalificadores al tiempo que proponían los más variados arbitrios para una disolución social. El gobierno estudiaría entonces la conveniencia de continuar con los gitanos la operación extrañadora seguida con los moriscos, y el propio Consejo de Estado se ofrecería para ejecutar y llevar a buen término el proyecto. Sin embargo, la evidencia de la crisis demográfica abierta en el país conduciría a plantearse la posibilidad de una global reconversión laboral de los gitanos, a quienes se prohibió en adelante cualquier trabajo que no fuera el agrícola. Andando el tiempo, el conde de Campomanes comentará que aquella limitación laboral debió haberse complementado con la entrega a los gitanos de algunas parcelas abandonadas por los expulsados moriscos. La falta de una intervención correctora en el mercado de trabajo les había dejado ante una dramática disyuntiva: transgredir la ley para no perecer de inanición, caso de no producirse su eventual contratación por los dueños de tierras.
	La programada disolución social del grupo se apoyaría desde temprana fecha en disposiciones encaminadas a minar su otredad cultural: prohibición de un idioma que se calificaba de jerga artificial y estratégica, prohibición de vestidos identificadores, prohibición de concentraciones familiares en un mismo barrio o calle, prohibición de participar en danzas y representaciones teatrales. Esta última prohibición llegaba cuando ya nuestro clásico teatro de tipos contaba con la irrenunciable figura del gitano y cuando los exitosos bailes gitanos eran reclamados para numerosas festividades profanas y religiosas, señaladamente las del Corpus Christi. El legislador no parecía darse cuenta de la inutilidad de unos utópicos proyectos ocultadores que pretendían, en último término, hacer desaparecer a los gitanos e incluso borrar paroxísticamente esta palabra del diccionario, para lo cual, declarándola injuriosa, se previno el castigo de quienes la utilizaran para referirse a ellos.
	Modernos autores han fundamentado la supervivencia gitana en la tradicional pobreza del grupo, que habría sido un rol asumido interesada y voluntariamente para no excitar el celo persecutorio de un aparato represivo, policial y judicial, presupuestariamente montado en aquellos tiempos sobre los bienes que se embargaban a los propios justiciados. Tradicionalmente, sin embargo, la ineficacia de los proyectos legales, cuyo fracaso certifica su misma reiteración, sería atribuida en buena parte a la conducta tolerante de las autoridades inferiores, corruptas o temerosas de las represalias que pudiera provocar una actitud represiva enérgica. Como destacada causa concurrente solía citarse la solercia y picardía del gitano, palabra ésta que, a despecho de haber sido declarada legalmente injuriosa, comenzaría a aplicarse desde muy temprano en sentido metafórico al individuo imaginativo, ocurrente o decidor. Todavía hoy, el diccionario oficial de la Real Academia Española concede su marchamo a esa acepción figurada, presentándola por otra parte con una fuerte impregnación sexista: "El que tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de otros; suele usarse en buen y en mal sentido, aunque por lo común se aplica como elogio, y en especial hablando de las mujeres ".
	Sin proponérselo conscientemente los gitanos, su programado y secular rechazo no impediría que acabaran por convertirse en paradigma simbólico del país castizo. Durante los años de la Guerra de Sucesión, por Cataluña correrían romances de ciego en los que una gitana se encargaba de celebrar la llegada del archiduque Carlos y abominar las pretensiones del duque de Anjou, futuro Felipe V. Cuando la invasión napoleónica, nuevos romances de ciego convertirían a otra gitana en portavoz del país profundo, amenazando patrióticamente al rey José a través de una fingida predicción quiromántica. Desde la prosa de un pliego volandero, un autor anónimo encargaría a las gitanas de Madrid la misión de dar una dura respuesta descalificadora al diputado que en las constituyentes de 1869 defendió la libertad de cultos con radicales comentarios sobre la virginidad de María.
	Las relaciones históricas de los gitanos con los poderes públicos y con la sociedad mayoritaria están confusamente bordadas sobre un cañamazo lleno de contradicciones. Prohibida la aparición de gitanos en danzas y representaciones, no muchos años después el propio monarca asistiría desde los balcones del Buen Retiro a unos festejos populares cuyo programa incluía precisamente bailes de gitanos; prohibido el comercio de animales, los asentistas recurrirían a los chalanes gitanos para que les auxiliaran en la remonta de caballerías con destino al ejército; prohibido cualquier trabajo que no fuera de agricultura, los pueblos recurrirían a los gitanos expertos en el arte de la fragua para que les elaborasen cuantos aperos necesitaban, por regla general a más bajo precio que los herreros no gitanos, según insisten repetidamente los documentos; prohibido el enrolamiento militar, por estimarse el "honroso servicio de las armas" impropio de gente "infame", no faltaron gitanos en los tercios de Flandes, y otros colaborarían con las milicias ciudadanas en la guerra de la Alpujarra y en la posterior guerra de Sucesión, alcanzando a veces galones y estrellas, como fueron los casos del sargento Diego Castellón o del capitán Francisco Jiménez.
	El año 1717 se habilitaría para el avecindamiento de los gitanos una lista de 41 poblaciones concretas, si bien el obligado éxodo que esta operación reasentadora significaba quedaría paliado por los despachos que concedió el Consejo a un número indeterminado de familias para que pudieran conservar sus tradicionales domicilios. Por otra parte, las protestas de aquellos lugares que vieron crecer inopinadamente su población gitana obligaría a ampliar la lista de los habilitados hasta un total de 75 y, casi seguidamente, a permitir la estancia de las familias en cualquier lugar donde llevasen diez años de vecindad más o menos normalizada. Para obviar la concentración de gitanos, se dispuso el cupo de una familia por cada cien vecinos, aprobándose una definición nuclearizadora que rompía los grupos extensos tradicionales: "Marido y mujer, con sus hijos y nietos huérfanos, no estando casados, porque si lo estuvieren, éstos y los suyos han de constituir y formar familia distinta". La legislación había conseguido que se perfilase una categoría de gitanos sedentarizados frente a otra de gitanos trashumantes, por más que dentro de estos una mayoría circunscribiera generalmente sus viajes al entorno comarcal.
	Para la pernoctación durante los viajes, recurrían normalmente los gitanos a los atrios de los lugares sagrados, con el objeto de beneficiarse de la inmunidad eclesiástica local en caso de topar con alcaldes o corregidores decididos a su captura. Los conflictos jurisdiccionales serían habituales, sin que la defensa de los eventualmente extraídos significase para la Iglesia otra cosa que la defensa de un privilegio, más que una toma de conciencia sobre la marginación de un grupo humano. En este sentido, las antiguas constituciones sinodales de muchos obispados demuestran hasta qué punto la Iglesia colaboró en los programas reductores dispuestos por la autoridad civil.
	Llegarían a entablarse negociaciones diplomáticas con la Santa Sede para que los gitanos fueran añadidos a las categorías delictivas privadas de sagrado por la denominada Bula Gregoriana, a algunas de las cuales se venían equiparando legalmente: "bandidos públicos, ladrones famosos, aleves y enemigos de la paz pública". La Santa Sede aceptaría en el concordato de 1737 privar del asilo a las ermitas situadas en despoblado y, ya en 1747/1748, delegaría en los obispos la decisión de conducir a los refugiados gitanos hasta las iglesias de los presidios, para que en ellas continuaran gozando inmunidad mientras se resolvían los "recursos de fuerza" interpuestos con motivo de alguna extracción controvertida.
	Las concesiones en materia de asilo y el fin de la operación reasentadora, a más de la abolición de la pena de galeras, conduciría al obispo de Oviedo, gobernador a la sazón del Consejo, a considerar idóneo el momento para llevar a cabo una "recolección general de gitanos". Las mujeres, con los niños pequeños, serían internadas en "depósitos" (work houses) financiados con su forzado trabajo, en tanto que los varones, desde los siete años, pasarían a los arsenales de Marina para sustituir a los obreros libres ocupados en los programas de construcción naval puestos en marcha durante el reinado de Fernando VI. La consideración de que todos los gitanos, sin excepción de sexo ni edad, merecían ser apartados de la sociedad, pretendía justificar metodológicamente la indiscriminada aplicación de una medida preventiva de seguridad contra unos seres juzgados predelictualmente peligrosos.
	Con las bendiciones del confesor real, que así exoneró la conciencia de su augusto penitente para que concediera luz verde al proyecto, su estrategia sería prolijamente trazada por el marqués de la Ensenada, quien previno el auxilio y la supervisión del ejército, cuya utilización en labores policiales se consolidaría durante aquella centuria. Llevada finalmente a cabo la terrible redada el miércoles 30 de julio de 1749, se completaría sin perdonar a nadie a partir de una orden directa dada por el propio Ensenada en 12 de agosto. De la operatividad alcanzada en aquel momento histórico por el Estado absoluto da prueba la prisión simultánea conseguida en toda España de doce mil personas, hombres y mujeres, ancianos y niños. Dado que para 1749 los matrimonios mixtos y, por ende, los mestizajes, constituían una innegable realidad, sobre todo en Andalucía y Murcia, se solicitarían instrucciones en relación con los cónyuges no gitanos. Aunque el Consejo dispuso que se aplicase el "ius mariti", ello no se hizo de manera automática, sino tras particulares comprobaciones sobre la buena conducta de las esposas afectadas.
	El secreto con que se rodeó la preparación de la redada para asegurar su éxito, impidiendo avisos que propiciaran fugas y ocultaciones de bienes, no tardaría en volverse contra quienes habían creído hallar un definitivo "remedio extraordinario" para lo que se consideraba un grave problema político. Las ciudades en que debían instalarse los "depósitos" para mujeres y párvulos no habían sido advertidas, así como tampoco las autoridades de los arsenales, y los problemas inherentes al mantenimiento y vigilancia de aquella inesperada masa de detenidos provocarían inmediatas protestas al gobierno. Tales protestas se unieron a los recursos de muchos gitanos, que movilizaron en su defensa a protectores y amigos pues, para colmo de incoherencias, la operación se había cebado muy concretamente contra aquel segmento gitano cuyo proceso de asimilación estaba en más avanzada fase.
	Resultaría finalmente evidente la necesidad de reconducir la redada, ordenándose con tal objeto la apertura de informaciones "secretas", esto es, sin audiencia de los victimados, para seleccionar a quienes, "por cansados, temerosos o arrepentidos", podían considerarse "buenos". Se desconoce el número de presos que consiguió regresar a sus casas, aunque un posterior informe de Campomanes, ya en 1764, que avanza la cifra máxima de 12.000 detenidos, se queja de que la falta de control de las informaciones "secretas" hizo que el reino se llenase de gitanos "poco menos que antes". Por supuesto, sin documentos que las corroboren, en uno y otro caso se trata de opiniones particulares extrajudiciales, por más que cualificadas en función del alto cargo que ocupaba su autor y de su continuo interés hacia el tema.
	Aunque los bienes embargados a los gitanos para financiar la terrible operación o, en su caso, el dinero obtenido en las subastas, debían restituirse a quienes recuperaban libertad y vecindario, no resulta difícil imaginar las irregularidades surgidas en tomo a este capítulo económico y el calvario que atravesaron para rehacer sus vidas y superar la pesadilla que habían vivido. En el mejor de los supuestos, las autoridades se limitaron a prorratear los menguados sobrantes que quedaron después de atender minuciosamente las más diversas partidas, desde el papel de oficio y los aranceles y dietas de alguaciles y escribanos, hasta el mantenimiento de los presos, los gastos de su traslado y los grilletes y cadenas utilizados para asegurarlos en el viaje.
	A partir de 1749, en depósitos y arsenales quedaría un indeterminado número de mujeres y hombres, abocados a un triste y descorazonador futuro donde no parecía haber el menor espacio para la esperanza; baste decir que se les prohibiría incluso en 1757 el magro consuelo de presentar solicitudes de indulto, reiteradamente inatendidas. El arsenal de Cartagena solucionó el alojamiento de los gitanos reutilizando unas viejas galeras allí fondeadas para el desguace; el arsenal de La Carraca, por su parte, se desembarazó de sus presos removiéndolos al arsenal de El Ferrol, donde llegaron tras un azaroso viaje marítimo en el que no faltó una inesperada epidemia. No existen datos que permitan saber cuántos fallecieron durante la travesía y tuvieron como sepulcro las frías aguas atlánticas.
	Las mujeres, cuya detención en una amplia zona del oriente peninsular estuvo dirigida por la capitanía general de Valencia, quedaron instaladas en el castillo de Denia y fueron luego divididas entre los de Denia y Gandía, para ser concentradas más tarde en un arrabal de Valencia, inmediato al convento de agustinos recoletos, utilizado como hospital militar durante las guerras de principios de siglo. Las autoridades malagueñas, que en esa misma época habían convertido en improvisado cuartel la calle del Arrebolado, cerrando sus entradas tras expulsar a los vecinos, utilizaron el mismo procedimiento en 1749 para dar acomodo a las presas gitanas. Procedentes mayoritariamente de Andalucía y Extremadura, serían conducidas más tarde, vía marítima hasta Tortosa, desde donde remontaron en barcazas el río Ebro, camino de Zaragoza, cuya Real Casa de Misericordia había levantado un pabellón exento para que se alojaran.
	La proyectada rentabilización de aquellos "depósitos" resultaría totalmente imposible, al no lograrse la imprescindible provisión de materia prima para la elaboración de lonas, siendo continua fuente de conflictos la forzada ociosidad de las recluidas, entre las que no faltaron frustrados intentos de fuga. Lo mismo debe decirse de los hombres, aunque en su caso tuvieran siempre asegurados en los arsenales los trabajos más duros, metidos en agua hasta la cintura y con grilletes en manos y pies. No puede extrañarnos que apenas llegasen al centenar y medio los supervivientes de la redada cuando, dieciséis años más tarde, se decidiera su liberación, no tanto por motivos humanitarios, como por la falta de rentabilidad de aquella población reclusa, ya prematuramente envejecida, ya enferma y necesitada de una creciente asistencia sanitaria. Los beneficios del indulto se extenderían a las mujeres y, también, a un reducido grupo de penados que permanecía desde 1745 en las minas de Almadén y los presidios de África. Procedentes de una redada particular efectuada entonces en El Puerto de Santa María, aquellos gitanos tuvieron la mala suerte de que el cumplimiento de los cuatro años de su condena inicial coincidiera con los más duros momentos de la redada, quedando retenidos "sine die".
	Este indulto daría ocasión a los fiscales del Consejo para abrir un expediente general encaminado a debatir si lo más conveniente para los indultados y para todos los gitanos en general sería la diseminación por todo el país a razón de una familia en cada pueblo, la adscripción a presidios como pobladores libres con sus familias, o la deportación a las colonias de América, a ejemplo de lo que venían haciendo Portugal e Inglaterra. La falta de consenso entre consejeros y ministros sería resuelta por la pragmática sanción de 19 de septiembre de 1783 que, respetando los propósitos de disolución social de toda la legislación anterior, recuperaba los principios de 1499 y devolvía a los gitanos la libertad de elección domiciliaria y laboral.
	La infamia legal en la que habían acabado por quedar atrapados sería rota por esa pragmática que, pese a las coordenadas que enmarcaban su trazado, inasumibles para la sensibilidad actual, significó una positiva aportación dentro de un amplio movimiento político dirigido entonces a las recuperación social de diversos colectivos duramente marginados, como los chuetas mallorquines, los hijos ilegítimos y los ejercientes de oficios "viles". Objeto de varios recordatorios ya bien avanzado el siglo XIX, la vigencia de este texto legal, tras el efímero paréntesis del Código Penal de 1822, llega hasta el de 1848, que declara formalmente abolidos los preceptos anteriores al nuevo ordenamiento.
	A tenor de las exposiciones didácticas habituales, la pragmática de 1783 habría supuesto para los gitanos su entrada en un estadio histórico caracterizado por la "igualdad jurídica" y una "desigualdad" de hecho, en la que seguirían mayoritariamente inmersos. Parece oportuno destacar los imaginativos esfuerzos desplegados por muchos de los mejores espíritus ilustrados de entonces a la hora de proponer medidas que facilitaran la disolución integradora, llegando incluso a plantear alguna vez la "discriminación positiva". Por supuesto, aquellos ilustres personajes no dejaron nunca en olvido las tradicionales medidas encaminadas al más eficaz control policial de los gitanos, que continuaron siendo víctimas de cautelas, rastreables durante la siguiente centuria en los textos reguladores del comercio de animales y, sobre todo, en los que organizaron el Cuerpo de la Guardia Civil.
	Creada esta institución en 1844, entre las funciones que tuvo asignadas desde un primer momento (real orden de 29 julio 1852) figuró una rigurosa y específica vigilancia de los gitanos, obligación literalmente recogida en la reforma reglamentaria de 1943 y no abolida hasta 1978. Innecesario parece referirse a la ley de Vagos y Maleantes, cuyas posibilidades meramente punitivas la convirtieron en uno de los escasos instrumentos jurídicos conservados por el Estado Nacional surgido de la guerra "incivil" de 1936/1939. Maquillada más tarde como ley de Peligrosidad Social, durante su larga vigencia los gitanos pasarían a ser específicos "clientes" habituales de unas disposiciones nacidas con el plausible deseo de substituir el castigo por la educación preventiva.
	A pesar del florilegio de textos constitucionales que jalonan desde 1812 nuestra moderna historia política, habría que esperar hasta la "carta magna" de 1931 para que se proclamase solemnemente el principio de la igualdad ante la ley de todos los españoles. Ya en nuestros días, la vigente Constitución de 1978, añadiría importantes precisiones al principio: "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Enmarcada formalmente así la "igualdad jurídica", ello no impediría que se agrandaran las desigualdades de hecho en aspectos tan fundamentales para la plena realización individual y colectiva como la enseñanza, la vivienda, el trabajo, la sanidad. No resulta desacertado decir que, antaño, cuando existía una desigualdad legal institucionalizada, las desigualdades de hecho, por el generalizado alcance de las carencias sociales, no merecieron la particular atención que han merecido en nuestros días. Los gitanos padecieron entonces las mismas precariedades que sufrió una inmensa mayoría de españoles en aquella antigua sociedad artesanal y agraria, estratificada e injusta, dentro de la cual representaron, pese a lo que digan los viejos documentos, un papel subordinado escasamente discordante, compartiendo los valores culturales generalmente vigentes.

NUESTRA COLECCIÓN
	Bajo la rúbrica "Seriación legislativa", un anticipo de la presente colección puede verse en mi tesis doctoral sobre "El expediente general de gitanos" (pp. 81/241), capítulo en el que se compaginaba el orden cronológico de las disposiciones recogidas dentro de diversos apartados referidos a Castilla e Indias, País Vasco, Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra, a más de la normativa eclesiástica aprobada en diferentes sínodos diocesanos. La presente colección, sin embargo, abandona esta clasificación y se limita a utilizar un único orden de fechas, queriendo subrayar con ello el deseo de considerar este trabajo abierto a cuantas nuevas referencias puedan surgir en sucesivas investigaciones históricas. Este método cronológico fue utilizado en 1964 por Bernard Leblon para divulgar en la "Revue des Etudes Tsiganes" los principales acontecimientos vividos por los gitanos en la península en los siglos XV a XIX.
	La colección se inicia con una importante fecha referencial: 4 de marzo de 1499, día en que los Reyes Católicos firmaron en Madrid una real provisión encaminada a regularizar la presencia de los grupos gitanos que desde comienzos de esa centuria habían ido apareciendo en la península. Ciertamente, desde un primer momento se registra una producción normativa que amparaba el sedicente peregrinaje de aquellos grupos a Santiago de Compostela. Se trataba de provisiones con destinatarios particulares, los duques y condes del Pequeño Egipto de quienes hay memoria nominal en algunas crónicas históricas de entonces y en los libros capitulares de muchos ayuntamientos. Nuestra colección ha prescindido de esos documentos legales y administrativos, para centrar su atención en los que afectaban globalmente a todo el grupo, como sucede con la real provisión de 1499.
	No debe ocultarse, sin embargo, que sobre dicha provisión han corrido desde antiguo opiniones y comentarios que arrojan dudas sobre su propia fecha, el lugar de su firma por los monarcas, el alcance jurisdiccional del texto y su calificación jurídica. Ciertamente, el texto protocolizado en los libros del Registro General del Sello no tardaría en ser ligeramente manipulado y presentado como una pragmática sanción fechada en Medina del Campo, y como tal ha sido recibidas por los historiadores, según se explicará en otro momento.
	Respecto al adelanto cronológico de la disposición, valga decir que Jean Bodin, en "La République" (pp. 710/711) se refirió al bando "ordonné en Espagne par edict de Ferdinand l'an de mil quatre cents quatre vingts et douze, portant cets mots: que los egipcianos con señores salgan del reino dentro de sesenta días". El hecho de que los editores de Bodin no utilizaran cifras para simplificar la cita cronológica (“l'an 1492"), parece descartar la posibilidad de una errata que adelantaba en siete años la fecha de la disposición, sobre cuyo contenido ofrece una confusa idea, presentando sorprendentemente al aragonés Fernando como único firmante de una ley castellana en vida todavía de la reina Isabel.
	Para cuando Bodin escribe, ya había tomado cuerpo la idea de que estábamos ante una pragmática firmada en Medina del Campo, inesperada referencia a la que concedió cierto refrendo legal el responsable de la "Nueva Recopilación". Posteriormente, el Doctor Sancho de Moncada se refiere en 1619 a la ley que "los discretísimos reyes Isabel y Fernando hicieron en Medina del Campo el año de 1494".
	Queriendo conciliar fechas, el marqués Adriano Colocci, presidente un tiempo de la Gipsy Lore Society, propuso una solución ecléctica, según la cual los gitanos habrían sido en 1492 "indirettamente compresi nell'editto di sterminio emanato contro i Morí e gli Hebrea", pero en 1494 se habría legislado directamente contra ellos con "l'editto di Medina del Campo ispirato dall'arcivescovo Jiménez de Cisneros". Durante aquel paréntesis de tiempo se habían refugiado en las sierras y, al reaparecer cuando moriscos y hebreos habían abandonado el reino, los monarcas "li stabiliscono nelle cittá e nei villaggi, sotto condizione di scegliervisi dei padroni". Aceptadas, al menos nominalmente esas condiciones, los gitanos pudieron vivir tranquilos durante los siguientes veintiocho años, hasta que una petición de las Cortes de Castilla en 1523 da lugar a que Carlos V recuerde la vigencia de la antigua ley.
El autor italiano parece seguir con estas explicaciones la teoría sostenida más de un siglo antes por H. G. M. Grellmann, para quien el edicto fue promulgado en 1492 y los gitanos, en vez de abandonar el reino, buscaron refugio en las sierras, reapareciendo después más numerosos que antes. Esta teoría trasladaba a España la historia que anteriormente había defendido a finales del XVII el también alemán J. G. Wagenseil para explicar el origen hebraico de los gitanos. Acusados los hebreos de haber provocado la epidemia de peste que asoló Alemania en 1348, se refugiaron en las montañas durante cincuenta años, al cabo de los cuales se presentaron en la ciudad como cíngaros, convencidos de que las persecuciones hussitas les permitirían encontrar un cierto ambiente favorable.
	El padre Feijóo se encargó de divulgar en España los comentarios de Wagenseil, considerando la suya "una opinión particular en orden al origen de los que llamamos gitanos, en que entran la historia y la conjetura, de modo que resulta de esta mezcla una gran verosimilitud". Discutible esta pretendida verosimilitud, el amplio prestigio intelectual de Feijóo dio lugar a que todo aquella leyenda fuera adoptada por el conde de Campomanes en su informe fiscal para el expediente general de gitanos (1764). Andando el tiempo, la tesis de Wagenseil sería rescatada a mediados del XIX, sin aludir a su autor, por Collin de Plancy en su "Dictionnaire infernal", cuyo traductor español, extrañamente poco documentado en historia eclesiástica, transformó el movimiento hussita en "guerra contra los jesuitas", llevando toda la teoría a un punto incomprensible.
	El protagonismo político del cardenal Cisneros en aquel período histórico explica el hecho de que Colocci mencione a este importante personaje cuando habla de las medidas legales que intentaron normalizar en 1499 la existencia de los grupos gitanos. Pienso que se debe a Sales Mayo, a partir de su buen conocimiento del libro de George Borrow, la primera y más antigua cita crítica a Cisneros, después de lo cual no ha cesado de parecer apetitoso insistir en "the influence of a fanatic archbishop", como escribirá Sir Richard Burton en 1888. Sin embargo, Jules Klein, en una obra clásica sobre "La Mesta ", sostiene que la ley de 1499 fue la respuesta oficial a las repetidas quejas de los ganaderos agrupados en el Honrado Concejo. De esta forma, la localización de la ley en Medina del Campo quedaría especialmente reforzada, dado que las ferias de esa histórica villa centralizaban el comercio lanero castellano.
	Nuestra colección finaliza en 1978, fecha que debiera servir de hito inicial para una colección complementaria que se adentre en la variada actividad normativa de las comunidades autónomas surgidas con nuestra normalización democrática. Una primera aproximación a esa actividad de los últimos tiempos puede verse en un informe sobre "Los gitanos ante la ley y la administración", que la Asociación Nacional Presencia Gitana se ha encargado de difundir. Falta, sin embargo, el seguimiento cronológico de todas las disposiciones autonómicas, especialmente interesantes en algunas comunidades como Andalucía, Valencia y Cataluña. Debe decirse que los gitanos fueron generalmente englobados, ninguneando tesoneramente su valoración cultural diferenciada, dentro de la rúbrica "minorías étnicas" y centrando la acción oficial en los departamentos de asistencia social, junto a un variado abanico de categorías marginadas.
	Somos conscientes de la prolijidad de la presente colección que, junto a pragmáticas, provisiones, cédulas y autos emanados del Consejo, retrae disposiciones, a veces simples bandos municipales, que limitaban su campo de acción a las familias domiciliadas en una población concreta. Pienso que todo ello permite un más completo acercamiento a la realidad que vivieron los gitanos, secularmente acosados mientras intentaban asegurarse un lugar al sol en este país, al que ofrecieron sus propios valores culturales, apropiados oficialmente sin rebozo.
	Las exposiciones de motivos de numerosos textos resultan del mayor interés para conocer el alcance de las acusaciones estereotipadas que se dirigieron históricamente a los gitanos, dando la medida precisa de un contexto cuya superación total no se ha logrado hoy en día. 

Fuentes utilizadas
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA. "Los gitanos ante la ley y la Administración". "Cuadernos de información y debate", n° 2. Madrid: 1991. 
JEAN BODIN. "Les six livres de la République ". Etienne Gamonet, Lyon: MDCXXIX.
SIR RICHARD BURTON. "The Jew, the Gipsy and El Islam". Angriff Press.Hollywood: s/d. Moderna edición facsímil de la primera hecha por Hutchinson y Co. Londres: 1898.
JACOBO COLLIN DE PLANCY. "Diccionario infernal". Novísima edición ilustrada, corregida, cotejada y aumentada por Quintín López Núñez. Casa Editorial Maucci. Barcelona: s/d. Hay otra edición moderna de Editorial Taber. Barcelona: 1968, que dice ser traducción de la última edición francesa. La primera edición española apareció en 1842. 
ADRIANO COLOCCI. "Gli zingari. Storia di un popolo errante". Forni editores. Bolonia: s/d. Moderna edición facsímil de la original de Ermanno Loescher. Torito, 1889. 
FRAY BENITO JERÓNIMO FEIJÓO. "Color ethiópico", en "Theatro crítico universal o discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes". Tomo VII. Imprenta herederos de Francisco del Hierro. Madrid, 1778, nueva impresión. Al final del ítem, larga nota a pie de página sobre J. Ch. Wagenseil.
ANTONIO GÓMEZ ALFARO. "El expediente general de gitanos". Universidad Complutense. Madrid: 1992
ANTONIO GÓMEZ ALFARO. "La gran redada de gitanos. España: la prisión general de 1749". Colección Interface, n° 2. Centro de Investigaciones Gitanas, Editorial Presencia Gitana. Madrid: 1993. Hay ediciones en inglés, italiano, francés, alemán, checo y rumano.
ANTONIO GÓMEZ ALFARO. "La historia de un pueblo que no escribió su propia historia", en "Los marginados en el mundo medieval y moderno" (Almería 5/7 noviembre 1998). Edición Desamparados Martínez San Pedro. Colección Actas, n° 35. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería: 2000, pp. 79/98. Este trabajo ha servido de base para la introducción de la obra presente.
H. G. M. GRELLMANN. "Histoire des bohémiens ou tableau des moeurs, usages et coutumes de ce peuple nomade". Traducción de J. Chaumerot de la primera edición alemana, aparecida en Dessau-Leipzig: 1783. París: 1810.
JULES KLEIN. "La Mesta. Estudio de la historia económica española". Versión C. Muñoz. Alianza Editorial. Madrid: 1979. El libro apareció en 1919 y la "Revista de Occidente" hizo en 1936 una primera edición española.
BERNARD LEBLON. "Les gitans dans la Péninsule ibérique. Principaux évènements du XVe au XIXe siècles", en "Revise d'Etudes tsiganes". París: 1964, ns. 1-2. 
BERNARD LEBLON. "Les Gitans d'Espagne. Le prix de la différence". Presses Universitaires de France. París: 1985. Hay edición española: "Los Gitanos de España. El precio y el valor de la diferencia". Traducción Irme Agof. Gedisa Editorial S. A. Barcelona: 1987. 
DON PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOMANES. "Resumen del expediente que trata de la política relativa a los gitanos, para ocuparlos en los ejercicios de la vida civil del resto de la Nación". Tomo segundo de "El libro de las leyes del siglo XVIII. Colección de impresos legales y otros papeles del Consejo de Castilla (1708/1781)", moderna edición preparada por Santos M. Coronas González, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid: 1966. Recoge también el informe del otro fiscal, Don Lope de Sierra Cienfuegos, antecedidos ambos por una introducción preparada por la Relatoría del Consejo. En Archivo Histórico Nacional, Consejo, legajos 4206 y 5996, y en Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, legajo 1004, se conservan ejemplares manuscritos, que añaden el anteproyecto legal de 1781.
DOCTOR SANCHO DE MONCADA. "Espulsión de los gitanos". Parte segunda, discurso séptimo de "Restauración política de España y deseos públicos". Juan de Zúñiga. Madrid: 1746. La primera edición en Madrid: 1619. Hay una edición moderna, a cargo de Jean Vilar. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid: 1974. El discurso sobre los gitanos fue recogido aisladamente en "Romances de germanía de varios autores". Don Antonio de Sancha. Madrid: 1779. George Borrow lo trasladó al inglés, para incorporarlo a "The zincali or an account of the Gypsies of Spain". John Murray. Londres: 1843, tercera edición. Ediciones españolas de La Nave. Madrid: 1932, y Turner. Madrid: 1979.
JOHAN CHRISTOPHORI WAGENSEIL. "De sacri Rom. Imperii libera civitate Noribergensi commentatio. Accedit. De Germaniae phonascorum von Der Meister-singer, origine, praestantia, utilitatge, et institutis, sertmone vernáculo liber". Altdorfi Noricum. MDCXCVII".