In ydiomate aragonense

Por José Ignacio López

El pasado domingo concluyó la entrega del coleccionable El aragonés. Una lengua románica. Durante diecisiete semanas EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha llevado a sus lectores una visión del rico patrimonio cultural que supone la existencia de tres lenguas en nuestra comunidad: aragonés, castellano y catalán y muy especialmente de la primera de ellas por ser la única que solo se habla en nuestro territorio. La iniciativa, que partió del Rolde de Estudios Aragoneses y el Consello d’a Fabla Aragonesa, ha sido posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y el apoyo de nuestra universidad pública y del Instituto de Estudios Altoaragoneses; en ella han colaborado desinteresadamente más de 60 personas de los más diversos ámbitos del saber, muy especialmente de la filología y la literatura, y ha tenido una gran acogida por los lectores, de tal modo que (al contrario de lo que suele ser habitual en las obras fasciculadas) la tirada tuvo que ser ampliada a partir de la segunda entrega, lo que demuestra el interés del gran público por conocer el aragonés, su historia, su literatura, su gramática y la cultura que a través de esta lengua se desarrolla.

Casualmente la finalización de las entregas coincidió en el tiempo con la aprobación por las Cortes de Aragón (solo con los votos de los diputados que apoyan al Gobierno) de una ley que niega a nuestras lenguas incluso su nombre. Habrá que recordarles a los autores de esta ignominia que el aragonés fue la lengua en que se recogieron las actas de las Cortes de Aragón hasta el siglo XVI: in ydiomate aragonense. En las Cortes de toda la Corona se utilizaba también el latín y el rey (Pedro IV en este caso) solía hacer su proposición in lingua seu ydiomate ut pretangitur cathalano, mientras los representantes de nuestro reino hacían sus intervenciones en aragonés. También fue la lengua de la Zaragoza medieval, como lo demuestran cientos de documentos y sobre todo las ordenanzas municipales que los reyes le otorgaban, o la que los reyes utilizaban como lengua oficial en sus tratados con otros reinos como el de 1409 entre Aragón y Castilla: Es concordado (…) que de los dichos capítulos, tractos et concordia se fagan dos cartas: la una escripta en lengua aragonés; la otra, escripta en lengua castellana.

Parece que no hemos avanzado mucho en lo que a tolerancia y libertad lingüística se refiere, más bien se diría que en la oscura Edad Media la utilización de las lenguas era más «normal» que en la democracia del siglo XXI, y sin traductores ni pinganillos, innecesarios si todos ponemos un ápice de interés en entendernos, ya que al final siempre nos quedará el castellano como lingua franca, como en el pasado lo fue el latín.

La nueva ley ha tenido la virtud de poner en el debate estatal las lenguas de Aragón, sobre todo por esas denominaciones cuyos acrónimos Lapao y Lapapyp han sido el hazmerreír del mundo culto y civilizado. Más de seiscientos científicos de cien universidades de todo el mundo han firmado un manifiesto propuesto por el Rolde de Estudios Aragoneses en el que «muestran su apoyo al reconocimiento expreso del aragonés y el catalán hablado en Aragón, así como de los derechos de sus hablantes, para un desarrollo público normal de ambas lenguas, en aplicación de la legalidad internacional en esta materia y en igualdad de condiciones con el resto de las lenguas de España, Europa y el mundo».

Pero, más allá de las extravagantes y acientíficas denominaciones y a pesar de la importancia que tiene no llamar a las cosas por su nombre, lo grave del asunto es que esta Ley cercena cualquier posibilidad de desarrollo público de nuestras lenguas y las condena a una dialectalización cada vez mayor. En el caso del aragonés esto supondrá su condena a muerte pues su situación es ya terminal, al estar prácticamente rota la transmisión generacional. Solo la escuela, los medios de comunicación y la decidida acción de los poderes públicos pueden salvarla. Esto no es más que lo que dice el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón que obliga al gobierno a promover «la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión». Artículo que también dice que «nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua». Y eso es justamente lo que pretendemos los hablantes de nuestras lenguas minoritarias: que no se nos discrimine, que tengamos los mismos derechos que quienes hablan la lengua mayoritaria, ni más, ni menos.

Esta ley incumple la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que el Congreso de los Diputados ratificó en 2001, sin ningún voto en contra, siendo presidente José María Aznar y por tanto con mayoría del PP, partido que, al igual que el PAR, reconocía en 1997 sin ambages la existencia del aragonés y el catalán en el Dictamen sobre política lingüística aprobado por las Cortes de Aragón.

Probablemente lo que ha querido el gobierno PP-PAR ha sido mostrar su oposición a un determinado catalanismo imperialista (como, por cierto, también es el españolismo), pero ha errado el tiro dando de lleno al más débil. La certificación de defunción del aragonés ya tiene la causa y tres firmas: Rudi, Serrat y Callizo, los tres responsables máximos de la cuestión. Solo falta la fecha de la muerte. Supongo que también serán ellos los encargados de ponerla.

Miembro de Rolde de Estudios Aragoneses y (hasta que entre en vigor la ley) del Consejo Superior de Lenguas de Aragón

Fuente: El Periódico de Aragón