¿Tiene agujeros la política educativa en multiculturalidad?

Artículo de Pablo García de Vicuña

En una decisión a la que tiene poco acostumbrada a la ciudadanía –y menos aún si se trata de alguien con responsabilidad de gestión pública- la consejera de Educación del Gobierno Vasco ha reconocido recientemente la posibilidad de que exista segregación en la forma en la que el sistema educativo vasco distribuye el alumnado de origen extranjero entre los centros de las dos redes educativas. Este hecho con pocos precedentes –no recuerdo ningún otro de la misma protagonista en casi cuatro años de gestión- se produce como consecuencia de una importante campaña de divulgación pública en Vitoria-Gasteiz de asociaciones de familias, direcciones de centros escolares y sindicatos de enseñanza, hartos de reivindicar una escuela pública de calidad y respetada por la propia administración vasca.

A decir verdad esta declaración de la Sra. Uriarte es en realidad una rectificación, dado que en anteriores ocasiones, en el Parlamento y ante reclamaciones que hemos hecho desde la parte sindical, más concretamente CCOO Irakaskuntza, no reconocía tal situación de concentración de este especial alumnado de la Enseñanza Pública.

Y era así porque la administración educativa se encontraba a gusto con la situación mantenida. De un lado, porque siempre se ha decantado por esta forma de distribución, especialmente cuando se trata de alumnado de tardía matriculación (el que se incorpora al sistema educativo iniciado ya el curso escolar). Es cierto que existen unas comisiones de garantías en cada territorio que velan por una distribución “equitativa” de este alumnado inmigrante; vamos, una especie de “éste para ti –centro público- el próximo para ti –concertado- y si hay un tercero y no lo pueden evitar, para las ikastolas”. Pero no es menos cierto, que transcurrido ese primer curso de integración, en el que la Administración decide su ubicación, el alumnado inmigrante acaba recabando en centros públicos para continuar con su etapa formativa. En ocasiones, la decisión de la familia se produce por un humano deseo de integrarse en lugares –centros escolares- de un entorno más protegido, similar al suyo. Pero hay otras en que tal decisión viene obligada por la incapacidad de estas familias para hacer frente a una situación económica que excede sus capacidades de respuesta o porque el contexto social del propio centro no facilita la integración del alumnado, ni, mucho menos, de su familia.

De otro lado, el Departamento de Educación, de forma reiterada, ha seguido una política de dotación de recursos especiales –humanos y materiales- a los centros escolares que recibían a este alumnado, priorizando la concentración sobre la distribución. Ha optado por una estrategia de primar cantidad sobre calidad; de ofrecer más, sin cuestionarse si, de ese modo, era lo mejor. Es decir, en cristiano paladino: contribuyendo a la getización. Lo que nos lleva a preguntarnos si nuestra política educativa en términos de multiculturalidad es la adecuada.

El comienzo del III milenio ha supuesto para la Comunidad Autónoma del País Vasco la constatación de que, entre sus características definitorias como sociedad, el concepto inmigración no es ya un elemento extraño, sino, más bien, cotidiano. Es cierto que los datos absolutos recogidos sobre este fenómeno social son aún menores con respecto a otras autonomías, pero en valores relativos, Euskadi se encuentra en índices semejantes a los que se dan en otros territorios como Andalucía o Cataluña, con un reparto del alumnado inmigrante distribuido muy desigualmente entre las dos redes pública y privada y con neto predominio de la pública en las áreas urbanas.

Leer el resto del artículo en El Diario.