Cómo es una sociedad en la que aumenta el bullying

Una niña murciana de 13 años se suicidó el mes pasado en su cuarto. Puso así fin a una corta vida en la que presuntamente fue víctima de acoso escolar. Puede que porque era una buena estudiante, al parecer la insultaban, le pegaban, la marginaban, la llamaban gorda y fea. He visto en las fotos publicadas que tenía una cara bonita y unos ojos espectaculares, lo cual es irrelevante, pero el cuerpo me pide decirlo. Supongo que quienes la querían (sus padres, sus familiares) se lo dijeron muchas veces, pero nada pudo desactivar la angustia de esas humillaciones públicas y constantes que presuntamente sufrió en el instituto Ingeniero de la Cierva, en Patiño. No habría podido superarlo ni siquiera habiendo sido trasladada de centro. Hay heridas por las que te desangras.

La historia de Lucía no sería sino un suceso dramático si no fuera porque no es hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en un contexto educativo en que el bullying es el amargo pan de cada día. Está alcanzando, de hecho, niveles muy preocupantes, pues las cifras no dejan de aumentar y exigen una reacción contundente por parte de las partes implicadas (que son los profesores, las familias y toda la sociedad) y, en particular, del Ministerio de Educación, que debe implantar una estrategia única para todos los centros. Es urgente además la aplicación real de los protocolos existentes para prevenir, detectar y abordar la violencia en las aulas. En el antiguo instituto de Lucía parece que nada de eso funcionó y que llegaron a descartar que la niña sufriera acoso, a pesar de que los propios padres alertaron de la situación por la que pasaba su hija.

Por supuesto, no se puede achacar a mera negligencia, teniendo en cuenta que las políticas de recortes suponen la disminución de la plantilla de docentes, la masificación de las aulas y, como señalan los sindicatos, “la sobrecarga de trabajo burocrático improductivo al que está sometido el profesorado de nuestros colegios e institutos”. En 2011, recuerdan, quedaron interrumpidas las dotaciones de profesorado de orientación educativa y trabajo socio educativo. En tales condiciones, la aplicación de los necesarios protocolos les resulta inevitablemente complicada.

A ello se añade la pérdida de autoridad que tanto padres como alumnos han de conceder a los profesores, que se sienten maniatados y frustrados ante los alumnos conflictivos. No les resulta fácil echar a un alumno violento, ni mucho menos disponen de recursos para ayudar también a los agresores, cuyo comportamiento procede sin duda de carencias emocionales, psicológicas o familiares. Los propios centros, por otra parte, ocultan los casos de bullying para no cargar con un estigma que los desfavorece en los rankings de calidad.

Leer el resto del artículo de Ruth Toledano en El Diario.