¿Tienen sentido hoy los conciertos educativos?

Desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de centros escolares privados, mayoritariamente confesionales católicos. Sin embargo, no sería hasta 1985, con el gobierno del PSOE de Felipe González, cuando la figura del colegio concertado (privado financiado públicamente) adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los centros públicos y de los privados sin financiación pública.

En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaban como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012). En una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones privadas.

A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas aumenta año tras año. España se ha convertido, en este sentido, en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere a centros educativos privados sostenidos con fondos públicos. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es fundamentalmente pública (89,2% en Educación Primaria y un 83% en Secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

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