“La inclusión implica romper con el modelo de educación especial, hay que meter al PT en el aula ordinaria»

Ha sido la última, pero no la única. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que daba la razón a una familia para que hijo, con diversidad funcional, sea matriculado en un centro ordinario y no en uno específico, ha vuelto a poner en primer plano la batalla por la que muchas familias luchan -contra la Administración- con el fin de que sus hijos no sean derivados a centros de educación especial y puedan relacionarse con sus iguales en colegios ordinarios.

Porque en España, la ley -no contundentemente desarrollada, pero sí lo bastante clara en favor de la inclusión como principio de actuación- y los hechos no van por el mismo camino en esta materia. “La ley no se cumple”, asegura Carme Fernández, quien desde la Fundació Gerard, que fundó y dirige, se ha volcado en apoyar a las familias que deben enfrentarse a estas situaciones.

Lo corrobora Juan Rodríguez Zapatero, abogado especializado en derecho administrativo, y colaborador de Fernández y de las familias cuando los casos de estos estudiantes acaban en los juzgados como única alternativa para la resolución del conflicto. Este hecho sucede, lamentan, más a menudo de lo que sería deseable, ante la falta de alternativas para los padres.

El caso de Adrián

Sirva el caso de Adrián, el pequeño de 11 años de La Rioja al que la Consejería de Educación quería enviar a un centro de educación especial, como paradigma de lo que sucede con los menores con necesidades educativas especiales que acuden a la justicia para reivindicar un modelo inclusivo. Resumiendo mucho, Adrián empezó en un colegio ordinario, luego Educación lo pasó a una modalidad combinada irregular (que la ley no contempla) en la que alternaba este centro con uno especial. Finalmente, acabó con un diagnóstico en el que se recomendaba que pasase todo su tiempo en este último colegio, porque en uno ordinario no podría ser correctamente atendido según sus necesidades.

Sus padres, que en un principio desconocían sus derechos, recogidos en la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad y a la que España está adherida, veían que a Adrián le iba mejor cuando se mezclaba con sus compañeros del centro ordinario. Pero chocaron con la pared burocrática de la Administración y acabaron en los tribunales, donde un juez les dio la razón: Adrián tiene derecho a acudir a un colegio no segregado. Además, la Administración no había acreditado que el pequeño solo pudiera recibir ese apoyo que requiere en un centro especial.

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