El programa navarro Skolae sobre igualdad y educación afectivo-sexual pasa por los tribunales

Entre las primeras medidas del Ejecutivo navarro, hoy en funciones, estuvo la redacción de un plan de coeducación y educación afectivo-sexual para el periodo 2017-2021. De este plan se derivan dos cosas. La primera, la obligación de que todo el sistema educativo navarro, red pública y concertada, alcance los objetivos que en él se fijan. El otro es el programa Skolae, una formación docente desarrollada, exclusivamente, para quienes trabajan en la red pública. La concertada, aunque ha de cumplir los objetivos, puede desarrollar los programas de formación que decida en cada momento, también, claro, los materiales con los que impartirá esa formación docente.

La polémica

Desde el inicio del proyecto, surgió la polémica entre los sectores conservadores tanto políticos como sociales de la Comunidad Foral. Criticaron y critican que desde la Administración se imponga una forma de ver el mundo que no tiene por qué cuadrar con el ideario político o ético de las familias. (aunque el programa Skolae se centra en la formación docente, no en la formación directa con el alumnado). Para Mercedes Zapata, presidenta de Concapa, una de las dos organizaciones que han denunciado el programa ante los tribunales, el programa «está lleno de contenidos políticos, ideológicos y controvertidos».

Para demostrar estas acusaciones, se hicieron públicos algunos de los materiales y fichas que se estaban utilizando en el piloto que comenzó en el curso 2017-2018 con el personal docente de 16 centros educativos públicos.

Desde la Administración, Aitor Lacasta, jefe del Servicio de Evaluacion, Calidad, Formación, Igualdad y Convivencia del Gobierno foral, asegura que se han criticado materiales sacados de contexto, por una parte, así como otros que o bien eran de otras comunidades autónomas o, incluso, de gobiernos conservadores de Navarra de anteriores legislaturas. «La polémica es en mi opinión es que hay gente que no quiere coeducar», asegura Lacasta, algo que rechaza Mercedes Zapata.

Esta polémica terminó, precisamente, con la demanda interpuesta por algunas familias bajo el paraguas de la Asociación FamiliaE, así como la asociación católica de familias Concapa, que interpusieron hace unos meses un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia. La acción legal se fundamenta en estos contenidos de la formación docente, así como la forma en la que se puso en marcha el programa, mediante una Resolución del gobierno. Para las organizaciones debería haber sido mediante un Reglamento puesto que, afirma Zapata «no tienen competencias para hacerlo» de esta manera.

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