Unas aulas llenas de urgencias

Más de ocho millones de alumnos acaban de empezar el curso en enseñanzas no universitarias en España, un sistema educativo que emite múltiples señales de necesitar reformas. ¿Cuál es la más urgente? EL PAÍS ha trasladado a una decena de expertos y miembros de la comunidad educativa la cuestión —que constituirá también la primera pregunta del Foro de Educación que este periódico abre para los lectores hoy en su web—. Casi todos los entrevistados coinciden en dos elementos que consideran capitales: el sistema necesita estabilidad normativa con una nueva ley consensuada y un aumento del gasto que repare las heridas que los años de recortes dejaron en las plantillas e instalaciones escolares.

¿Cuánto dinero hace falta? Los responsables de enseñanza de los sindicatos CC OO y UGT, Francisco García y Maribel Loranca, creen que el objetivo de llegar al 5% del PIB anunciado por el Gobierno en funciones (actualmente España destina el 4,3%) es adecuado a corto plazo, para una legislatura. Pero a medio y largo plazo estiman que el gasto conjunto del Ejecutivo, comunidades y Ayuntamientos debe alcanzar el 7% del PIB, unos 24.800 millones más de la cantidad actual.

Unos fondos que servirían, afirman, para reducir las ratios de alumnos por aula y la carga lectiva del profesorado, aumentar las ayudas escolares, ampliar las plazas de Formación Profesional, desarrollar la carrera profesional docente y acortar la distancia en materia de abandono educativo temprano que separa a España (donde el 17,9% de los jóvenes de 18 a 24 años solo acaba la Educación Secundaria Obligatoria) de la media de la UE (10,6%).

Después de décadas de vaivenes, los consultados coinciden en que la estabilidad normativa debe ser producto de un gran acuerdo. Pero la dificultad para alcanzarlo es fácil de comprobar: buena parte de los entrevistados consideran que el primer paso debe ser derogar la LOMCE, la norma que el PP aprobó en solitario hace seis años. Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) afirma que la nueva ley debe elaborarse “con la comunidad educativa” y con el objetivo de que en esta ocasión resista los cambios de color político en el Gobierno. Se trataría de la octava norma educativa de la democracia.

Ni medios ni preparación

La situación política hace altamente improbable que el pacto educativo y el aumento del gasto vayan a concretarse de momento. Por debajo de esas dos urgencias, Antonio Solano, director del instituto Bovalar de Castellón y autor del blog Re(paso) de Lengua, señala otras. “La escolarización obligatoria no ha solucionado problemas de exclusión social que se siguen manteniendo, sobre todo porque educación y bienestar social no trabajan conjuntamente para evitar el abandono o fracaso escolar ligados a sectores sociales desfavorecidos. Muchos centros educativos asumen la función de asistencia social, sin medios ni preparación para ello”, lamenta.

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