España renuncia a las carreras de tres años sin evaluar si funcionan bien

A los seis años de la puesta en marcha de un título universitario, una agencia de evaluación —del Ministerio de Universidades o autonómica— tiene que verificar que los objetivos de estas enseñanzas se están cumpliendo y, si no es así, cuenta con potestad para anularlo. Pero sin conocer el grado de satisfacción de los alumnos, su empleabilidad o la calidad de la docencia recibida, el Gobierno español ha optado por renunciar a los grados de tres años (180 créditos) cuando apenas se han graduado una o dos promociones y los títulos no han tenido aún que someterse a esa auditoría.

En España, el 18% de las universidades (15 de 81) ofertan grados de tres años. Estos copan una veintena de las 360 carreras diferentes que se imparten en el país, aunque proporcionalmente son un porcentaje muy residual del total de títulos expedidos (no llegan a 30 de un total de 3.008). Pero indudablemente es una vía que un puñado de universidades estaban explorando. En países como el Reino Unido, Alemania o Portugal estos grados de tres años son mayoritarios y esta decisión aleja a España de la senda europea.

Josep Maria Garrell, rector de la Universidad Ramón Llull —privada y con cuatro grados cortos, el 10% de su oferta total—, echa en falta un “debate reposado” y que no haya continuidad. “En otros países los consensos educativos duran décadas”, subraya. Los socialistas apostaron en 2008 por los grados de cuatro años en el marco de Bolonia —los nuevos planes de estudios se implantaron entre 2010 y 2015—; ese año el Partido Popular sumó los títulos de tres años y ahora el Ministerio de Universidades quiere anular en el nuevo decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español el modelo.

¿Por qué el ministerio renuncia a estos grados cortos? “Muchos de estos títulos no tienen nada que ver con los clásicos, que prevén una formación suficientemente amplia como para adquirir una serie de capacidades”, señaló este lunes José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, en rueda de presa. Y este hecho, explicó, crea “problemas fundamentalmente académicos”. “Cuando un título se presentaba al Consejo de Universidades [formado por representantes del ministerio y las universidades], se veía si con esos 180 créditos se adquirían los conocimientos generalistas que un estudiante tiene que tener antes de acceder a la especialización a través de un máster y en muchos no era así”. Algunas universidades han optado por ofertar estos títulos denegados como propios (sin carácter oficial). Ramón Caballero Klink, de CSIF, cita entre los problemas, por ejemplo, que dos títulos con el mismo nombre (Protocolo y Organización de Actos o Videojuegos) tengan una duración distinta según el campus (tres o cuatro años).

Leer el resto del artículo en El País.