Nueva York destinará 2100 millones de dólares para los trabajadores indocumentados

Hace un año, cuando el coronavirus llegó a la ciudad de Nueva York, azotó con furia las zonas de inmigrantes que no tenían estatus legal: mató a miles de personas y acabó con los empleos en los sectores de servicio y construcción que mantenían a flote a muchas familias.

Los salvavidas como el seguro de desempleo y los cheques de estímulos federales fueron inalcanzables porque la gente que entró de manera ilegal a Estados Unidos no puede solicitar la mayoría de las ayudas gubernamentales. En cambio, han sobrevivido gracias a las despensas de comida, los arrendadores benévolos y los préstamos de amigos.

Sin embargo, luego de que esta semana los legisladores realizaron una maniobra de gran envergadura, Nueva York ofrecerá pagos únicos de hasta 15.600 dólares para aquellos inmigrantes que hayan perdido su trabajo durante la pandemia. Se trata de la iniciativa —un fondo de 2100 millones de dólares del presupuesto estatal— más grande de su tipo en el país y una señal del giro que está dando el estado hacia las políticas que defienden los demócratas progresistas.

“He conocido a vecinos que no han podido pagar la renta, llevar comida a la mesa o conseguirles una computadora portátil a sus hijos porque la escuela pública no ha podido darles una”, comentó la senadora estatal Jessica Ramos, demócrata por Queens, una de las principales promotoras del fondo.

El fondo para los trabajadores excluidos forma parte del acuerdo al que se llegó el martes para el nuevo presupuesto estatal de 212.000 millones de dólares y fue uno de los puntos más polémicos durante las negociaciones, las cuales se prolongaron más allá de la fecha límite del 1 de abril.

De inmediato, los republicanos tacharon la medida de utópica en un momento en el que muchos neoyorquinos siguen en aprietos, mientras que algunos demócratas de distritos pendulares al norte del estado y en Long Island dijeron en privado que un programa de rescate financiado con fondos públicos para la gente que no está en el país de manera legal podría usarse en su contra en futuras elecciones.

Leer el resto del artículo en The New York Times.