Currículum, vulnerabilidad y discriminación

Vulnerabilidad e infancia

En España, uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. Antes de la llegada del coronavirus la pobreza infantil se encontraba cerca del 30%, afectando a 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, para 2019. Y la crisis socioeconómica y vital derivada de la pandemia ha empeorado la situación de la infancia más vulnerable, pues unas 800.000 personas más podrían sufrir pobreza severa por el impacto del coronavirus, superando los 5 millones de niños y niñas viviendo con menos de 16 euros al día.

El VIII Informe FOESSA de 2019 nos alerta de la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión social que sufre casi el 20% de la población en España (8,5 millones de personas) y nos advierte que la educación no está siendo un medio efectivo para prevenir esta discriminación social que padece la infancia más vulnerable: “a pesar de que en nuestro país se ha producido una movilidad educativa ascendente generalizada como fruto de la universalización de la educación, ocho de cada diez personas cuyos padres no alcanzaron la Primaria no han conseguido completar los Estudios Secundarios”.

Con la pandemia, el cierre de las escuelas y el confinamiento en los hogares, la brecha digital (falta de medios y acceso a recursos digitales) se ha sumado a esta situación, reproduciendo y amplificando la brechas económicas, sociales, culturales, educativas y vitales que vive la infancia vulnerable.

Por eso la nueva Ley Educativa podría haber sido una oportunidad para dar un paso valiente y decidido, avanzando en un currículum que afrontara esos elementos y causas de la vulnerabilidad y segregación de la infancia, más allá de la Declaración de los Derechos de la Infancia que proclama incorporar la ley. Realmente no da respuesta al alumnado vulnerable porque no se plantea un currículo inclusivo, pues la propia ley mantiene elementos discriminadores y segregadores fundamentales: sigue siendo un currículo con sesgos muy academicistas, se enroca en el modelo competencial, no da respuesta inclusiva al alumnado con dificultades y necesidades específicas, mantiene una segregación escandalosa con la consolidación de la enseñanza concertada y la «libre selección» de centro y no establece una reducción de las ratios en las aulas (número de alumnado por grupo) para desarrollar una educación inclusiva y más personalizada, que permita atender realmente a la diversidad.

Leer el artículo completo en El Diario de la Educación.