La Universidad, ante sus retos más inmediatos con la vista en el horizonte 2030

Una vez que el Pleno del Congreso rechazara el 21 de octubre la enmienda de devolución al Gobierno por parte del Grupo Popular –los diputados de ERC retiraron la suya, también a la totalidad, tras llegar a un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos–, arranca ahora la tramitación parlamentaria de la Ley de Convivencia Universitaria. La futura normativa pasará a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de la cámara baja, donde se debatirán las enmiendas parciales, de allí al Senado y, de vuelta en el Congreso, será aprobada para su entrada en vigor, en sustitución del decreto de 1954.

Aun abierta a posibles modificaciones a partir de esas enmiendas parciales, a día de hoy los principales cambios que introduce la Ley de Convivencia Universitaria son su apuesta por la mediación como método preferente para la resolución de conflictos, su respeto a la autonomía universitaria –serán las universidades, públicas y privadas, las que desarrollen sus propias normas de convivencia– o el régimen sancionador que incluye para determinadas conductas consideradas como faltas. Estas se considerarán especialmente graves en casos de acoso sexual o de plagio o fraude universitario.

Mayor rango

Esta supone que la convivencia universitaria adquiera un rango mayor –de decreto a ley–. E implica, como subrayaba el ministro Castells en el primer debate de la ley en el Congreso, acabar con una norma “preconstitucional e inconstitucional”, en alusión al decreto franquista. Para él, se trata, además, de una oportunidad de dar ejemplo desde la Universidad, en el actual contexto de polarización política e ideológica: “Es en la Universidad donde muchos de nuestros jóvenes aprenden las reglas de la vida en sociedad y es, por tanto, en la Universidad donde hay que hacer especial énfasis en las normas de respeto y tolerancia que luego pueden extenderse al conjunto de la sociedad”.

Salvado el escollo de esta enmienda, que el Grupo Popular presentó, entre otros aspectos, por considerar que antes debería aprobarse la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), quedan todavía algunos flecos, como los que la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup) hacía notar la semana pasada. Entre sus alegaciones, la Creup, que ha llegado a apodar a esta ley “la ley de los rectores”, figura la extensión de la mediación a los casos de fraude académico.

Leer el artículo completo en Magisnet.