Precariedad y racismo: la vida de una trabajadora doméstica en el siglo XXI

«Cuando me dijo india de mierda, me derrumbé». María –nombre ficticio– aún frunce el ceño de rabia y los ojos se le humedecen cuando rememora los episodios vividos durante sus 14 años como trabajadora doméstica interna. «Yo le dije: ‘¿Sabe qué? esta india de mierda es la que le está sacando adelante su casa, esta india de mierda es la que se queda en su casa cuidando a su hijo cuando usted se va a trabajar’».

María es una de las más de 600.000 empleadas domésticas que trabajan actualmente en España, casi todas, mujeres migrantes. Desde que llegó a Madrid procedente de Centroamérica, hace 14 años, su vida ha transcurrido casi exclusivamente dentro de las cuatro viviendas de clase alta donde ha trabajado.

En tres de esos empleos denuncia que sufrió jornadas interminables, un sueldo por debajo del salario mínimo y un trato humillante por parte de sus empleadores, que, por otro lado, conformaban su único círculo social junto a sus hijos a los que cuidaba.

«Mi vida social no existe», admite María, aunque lo que más lamenta es el tiempo que no pudo estar junto a su madre, fallecida recientemente tras años de costoso tratamiento contra el cáncer.

«Todo este tiempo atrás, he aguantado tantas situaciones malas porque para mi siempre era lo primero mi madre», relata María, que enviaba casi todo lo que ganaba a su país para cubrir el tratamiento de quimioterapia. «Ahora es la oportunidad que tengo para decir basta ya, buscarme otro trabajo, uno donde me respeten mis derechos como trabajadora, donde me respeten como persona, donde me miren como una trabajadora no como una chacha que tiene hasta que recogerle las bragas del suelo».

Sin derecho a paro y despidos más baratos

El lazo emocional que genera con los niños le hace «el corazón chiquito» cada vez que finaliza su tiempo con una familia, lo que puede ocurrir en cualquier momento, dada la fragilidad de los contratos laborales que vinculan a estas trabajadoras con sus empleadores.

La situación contractual de las trabajadoras domésticas se reguló en 2012, cuando, buscando regularizar un sector que funcionaba generalmente en B, se legisló la obligatoriedad de que los empleadores pagaran una cuota a la Seguridad Social.

Sin embargo, las trabajadoras domésticas siguen sometidas a un régimen especial que les hace tener peores condiciones que el resto de asalariados. Su jornada laboral no está limitada a 40 horas, no tienen derecho a prestación por desempleo y su despido tiene una indemnización de solo 12 días por año trabajado, lo que las deja en una crónica situación de inseguridad laboral.

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